El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentó este martes su noveno informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en el que afirmó que desde hace casi 33 meses el régimen Ortega Murillo mantiene y recrudece la sistemática represión y persecución, cuyas consecuencias son “graves violaciones de derechos humanos y la persistencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, con garantía de impunidad”.
El informe abarca el periodo desde finales de julio y comienzos de diciembre de este año, indicó el abogado Carlos Guadamuz, quien destacó las agresiones que han sufrido los y las periodistas independientes del país, los defensores de derechos, los presos políticos, sus familiares y excarcelados políticos.
“Desde hace casi 33 meses, el régimen Ortega Murillo mantiene y recrudece la sistemática represión y persecución, en contra de la ciudadanía nicaragüense, utilizando todos los recursos y medios del Estado para ‘mantener el poder a cualquier costo’, es decir a sangre y fuego, cuyas consecuencias son graves violaciones de derechos humanos y la persistencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, con garantía de impunidad”, señaló la ONG.
El Colectivo indicó que “la legítima resistencia del pueblo nicaragüense, solamente ha tenido como respuesta la desproporcionada violencia de Estado, que incluye un estado de excepción de facto, con tres cuerpos armados en violación al orden constitucional que establece solamente al Ejército y la Policía”.
El organismo mencionó las ejecuciones arbitrarias contra la vida, la libertad individual, los procesos y condenas injustas, la tortura, el desplazamiento forzado, la criminalización y persecución contra toda expresión ciudadanía que ejerce sus derechos y garantías fundamentales, el asedio contra familiares de las personas privada de la vida.
A esto se suma, “el entorno creciente de campañas estatales de odio, así como la aprobación de un combo legislativo dirigido a formalizar lo que de hecho se viene haciendo. La Instrumentalización de la justicia para criminalizar, reprimir económicamente y suprimir derechos constitucionales es sistemática”.
Entre las graves violaciones de derechos humanos documentadas por el organismo están:
Agresiones contra la Libertad de expresión: campaña de odio, presiones económicas, asedios, obstaculización de labor periodística, agresiones físicas a periodistas y medios, acusaciones y condena arbitraria.
Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos: Los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos se dirigieron contra las organizaciones, activistas de derechos humanos, familiares de víctimas de abril, organizaciones de personas presas políticas y excarceladas que demandan el cese de la represión y justicia. La represión fue dirigida para descalificar su trabajo y suprimir su labor de defensoría de derechos humanos, indicó el Colectivo.
También destacan las agresiones contra familiares de víctimas de abril 2018, la tortura, condena y otros actos de represión judicial, asedios a excarcelados. Agresiones contra activistas políticos y sociales, como asedios, violaciones a la libertad de reunión y movilización.
Documentó las violaciones al derecho de elegir y ser elegido, violaciones a la libertad de religión, violaciones a los derechos humanos de personas campesinas y violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Asimismo, destacó la “represión Legislativa” a través de la aprobación de leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos.
AÑO ELECTORAL
El Colectivo aseveró que el año electoral dio inicio en noviembre y “a la vista, las evidencias apuntan a la consumación de un nuevo fraude, lejos de los estándares internacionales propios de un proceso electoral con libertades, competencia y transparencia que respete la voluntad popular en el marco del derecho universal de elegir y ser electo”.
El organismo reiteró su compromiso con las víctimas provocadas por casi treinta y tres meses de sistemática represión “cuyo máximo responsable es la familia Ortega Murillo; quienes tienen pendiente rendir cuentas al pueblo de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad y el dolor causado”.
Añadió que el “Gobierno de Nicaragua está en deuda; en primer orden con el pueblo de Nicaragua y con la comunidad internacional por irrespetar su obligación internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.