El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) reclamaron este lunes al régimen de Daniel Ortega por la súbita cancelación de la búsqueda de al menos 13 mineros soterrados por el derrumbe de una mina artesanal en Río San Juan.
“Estén vivos o estén muertos, tiene Daniel Ortega la responsabilidad de sacarlos, de rescatarlos. No son gusanos para que los dejen morir en el fondo de la tierra. Es deber rescatarlos”, declaró a la agencia EFE la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, quien se declaró perturbada por la posibilidad de que alguien siga vivo dentro de la mina sin posibilidad de ser auxiliado.
El régimen de Ortega anunció la suspensión definitiva de las labores de búsqueda la noche del sábado pasado, un día después del accidente, sin hacer referencia a los güiriseros (mineros artesanales) desaparecidos, que según los testigos inicialmente eran 16, pero uno fue rescatado vivo y dos fueron encontrados muertos durante la exploración del lugar.
“La suspensión se dio tras apenas 17 horas de labores de búsqueda y rescate, demostrando la falta de humanismo, incompetencia técnica, pero, sobre todo, exhibiendo de manera grotesca la poca voluntad del Estado de Nicaragua de luchar por los más pobres y los más vulnerables”, se quejó el dirigente de la UNAB, Félix Maradiaga, en un mensaje a periodistas.
El derrumbe ocurrió el pasado viernes en la comunidad La Esperanza Número Dos, ubicada en el municipio de San Carlos, del departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
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Núñez anunció el inicio de una campaña del CENIDH para reanudar la búsqueda de los mineros, sobre la base del “deber de protección” que tiene el Estado, en situaciones como esta.
“Un Gobierno responsable, cuando ocurren tragedias de esta naturaleza, tiene el ‘deber de protección’, esto implica tres aspectos: En primer lugar, el ‘deber de la prevención’, debieron haber cerrado todas esas minas, en segundo lugar, el ‘deber de dar respuesta inmediata’, y ya en otra etapa el ‘deber de resarcir los daños’”, alegó la activista.
Al igual que en otros desastres similares, el de estos mineros no fue divulgado inicialmente por las autoridades, sino por campesinos que tomaron imágenes y las enviaron a la prensa local.
“Que tragedia si alguno de ellos todavía respira, si está vivo tratando de arañar la tierra para ver si sale, ¿te das cuenta del sufrimiento, de la tortura? Y si ya se murieron, tienen derecho a un entierro digno, sus familias tienen derecho a saber qué fue lo que pasó, y el Gobierno la obligación de publicar los nombres”, reclamó Núñez, quien recordó cómo Chile logró rescatar a 33 mineros tras 69 días soterrados en una mina en 2010.
Por su parte, Maradiaga lamentó que el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), en caso de que los güiriseros estén muertos, no haya atendido “la obligación de hacer su mejor esfuerzo por recuperar los cuerpos de esas personas, darse por vencidos tan temprano es una muestra clara de insensibilidad, pero también de incompetencia”.