La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por seis redes y 100 organizaciones no gubernamentales, demandó hoy lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida también como “Ley Putin”, que esta plataforma y otros han presentado desde diciembre del año pasado y que hasta la fecha no tienen respuesta.
La plataforma emplazó al Poder Judicial controlado por el régimen de Daniel Ortega dar respuesta dentro del plazo legal establecido, es decir el 9 de marzo próximo.
La “Ley Putin”, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”, un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación del régimen orteguista.
Asimismo, clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG denunció que la normativa de la ley es más amplia que la propia legislación, otorgando más facultades al Ministerio de Gobernación (MIGOB), convirtiéndolo en un aparato de “control y castigo contra las personas jurídicas sin fines de lucro en Nicaragua, consideradas como opositoras al Gobierno”.
Las ONGs afirmaron que, con la ley, el MIGOB “coordina los ataques de las Alcaldías, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Seguridad Social y otras instancias gubernamentales contra las ONG, sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil”.
Asimismo, denunciaron que, algunos bancos privados “ponen obstáculos a la apertura de cuentas para la ejecución de proyectos, pero es el Migob la instancia que no entrega las certificaciones requeridas por la banca, pese a que las organizaciones llegan a rendir cuenta y brindar la documentación solicitada”.
También, aseguraron que tienen conocimiento que muchos profesionales “están siendo obligados a firmar en los bancos nacionales una Declaratoria de ‘No Agente Extranjero’, además de mostrar sus contratos de consultorías. Sin estos requisitos, las transferencias bancarias, el dinero ganado con trabajo digno, no pueden ser aplicadas a sus cuentas personales. Esto constituye una violación al sigilo profesional y bancario, y atenta contra al bienestar de muchas familias nicaragüenses”.
La plataforma hizo un llamado a los organismos donantes para que no se sumen a la aplicación de esta ley, exigiendo a las ONG su cumplimiento.
“Todo lo anterior evidencia que para el régimen represor cualquier espacio no propio, toda persona que no milita en sus filas, es sospechosa de delinquir. La Ley de “Agentes Extranjeros” legaliza este Estado de Persecución y es autoincriminatoria. Todo lo actuado por las organizaciones y ciudadanía, crítica u opositora, es sujeto de investigación. El principio de presunción de inocencia queda anulado. Y una vez víctimas de esta Ley, no hay derecho a la defensa”, manifestó la plataforma que apuntó que continuará denunciando y documentando las violaciones al Derecho de Asociación en Nicaragua.