Al menos 179 organizaciones a nivel internacional expresaron su solidaridad y condenaron la “escalada de agresiones” contra activistas feministas de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega.
“Nicaragua sigue enfrentando una grave crisis política y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Continúa la persecución política contra las voces críticas y a diario se reportan ataques contra mujeres activistas, periodistas, defensoras y lideresas feministas. En septiembre, a raíz de la conmemoración de la independencia, han escalado las agresiones”, reza un comunicado compartido por la organización IM-Defensoras.
Las oenegés señalaron que el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el Programa Feminista La Corriente y la Coordinadora de Mujeres Rurales, “fueron objeto de asedio, arbitrariedades y agresiones por parte de la policía”, el pasado 25 de septiembre.
“Los ataques fueron precedidos por declaraciones de la vice-presidenta del Gobierno, Rosario Murillo que estigmatizaba y difamaba a las feministas nicaragüenses, acusándolas de promover y lucrarse con los abortos y ser responsables del cierre de las Comisarías de la Mujer”, dijeron las organizaciones.
Asimismo, IM-Defensoras tiene registros que, durante la primera quincena del mes se cometieron al menos 165 agresiones contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo un considerable número de amenazas a través redes sociales y destacando, “por su especial gravedad, dos casos de violación sexual cometidos en el mismo fin de semana”.
Denunciaron que cuatro mujeres defensoras de derechos humanos continúan privadas de libertad y que de manera frecuente “son sometidas a tratos crueles, falta de atención médica y amenazas, claramente documentadas como violaciones a sus derechos humanos”.
Otra mención de las ONGs es la declaración del Tribunal de Conciencia “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua”, realizado en San José de Costa Rica el pasado 11 de septiembre, que “constató que entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno nicaragüense, la tortura sexual ha tenido un papel central, incluso provocando el aborto de algunas de las presas políticas embarazadas víctimas de estos hechos”.
También anotaron las 60 mujeres asesinadas en Nicaragua desde el inicio de 2020 hasta la fecha.
“Resulta especialmente preocupante el anuncio del gobierno el pasado 14 de septiembre de su solicitud a la Corte Suprema de Justicia para promover una ley que castigue con cadena perpetua los crímenes de odio. A esto se suman las declaraciones del día siguiente por el presidente Daniel Ortega afirmando que dicha ley también se dirigiría a sancionar a quienes difunden el odio mediante protestas contra el gobierno”, afirmaron.
Alertaron que con la aprobación de las leyes orteguistas, se podría empeorar la “ya grave situación” que enfrentan las feministas en Nicaragua, “quienes siempre han rendido cuentas y actuado con transparencia respecto a los recursos que reciben”.
Las organizaciones destacaron que las feministas nicaragüenses llevan décadas denunciando violaciones a derechos humanos “contrarias a la imagen de país progresista y de izquierda que el gobierno utiliza”, entra estas “la acusación probada por violación sexual cometida por el presidente Daniel Ortega”.
“Como feministas de todas partes del mundo hemos acompañado a las nicaragüenses y constatado cómo el gobierno de Daniel Ortega ha usurpado una revolución que prometía mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para el pueblo de Nicaragua y la emancipación de las mujeres, y cuyo legado traiciona y tergiversa sistemáticamente a través de su práctica política corrupta y autoritaria. Su actuación en nada se diferencia de la del resto de gobiernos neoliberales y autoritarios del continente”, subrayaron.
Es por ello que hicieron un llamado a las instancias regionales e internacionales de derechos humanos a cumplir con su obligación ética de observar, documentar y denunciar los actos del régimen en Nicaragua, e impedir que se perpetúen las violaciones a los derechos y se sigan cometiendo actos de injusticia y violencia contra las defensoras y los movimientos sociales auto-convocados.
“Llamamos a los organismos multilaterales y la comunidad internacional a acompañar un proceso para que el pueblo nicaragüense pueda salir de esta crisis de forma pacífica y democrática, que se respete su derecho a la autonomía y autodeterminación y asegure la justicia, la reparación de daños a las víctimas y otorgue garantías de no repetición”, solicitaron.
“Llamamos a los movimientos sociales del mundo a levantar la voz, junto con nosotras, para dejar claro que el gobierno Nicaragüense no puede seguir usando una lucha histórica en beneficio de los intereses privados del grupo familiar en el poder. Hacer posibles los valores de poder popular, igualdad y justicia social por los que luchamos día tras día pasa necesariamente por frenar la impunidad en la que permanece la actuación represiva del actual gobierno”, agregaron.
Finalmente, expresaron que las feministas y defensoras de derechos humanos, y el pueblo de Nicaragua “no están solas”.
“Junto a todas ellas estamos la comunidad feminista, democrática y de izquierda de América Latina, alzando la voz y señalando las prácticas patriarcales, autoritarias, corruptas y criminales del gobierno de Daniel Ortega. Sabemos distinguir y denunciar la violencia y los crímenes vengan de dónde vengan. Ningún gobierno puede sostenerse con el uso de la fuerza, la barbarie y la impunidad. Por ello exigimos: ¡Alto a los ataques y la represión, alto a la criminalización del activismo! ¡Basta ya de ataques contra las defensoras de derechos humanos! ¡Ni una feminista más expulsada, criminalizada o presa! ¡Libertad inmediata a las presas políticas!”, concluyeron.