El Secretariado de ONG internacionales (SONGI), conformado por 32 organizaciones de cooperación solidaria para el desarrollo, trabajando en Nicaragua desde hace más de 30 años en beneficio del pueblo nicaragüense, expresó su preocupación por la posible aprobación de la iniciativa de ley de “Regulación de Agentes Extranjeros”, la cual busca controlar a las oenegés en el país que reciban dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.
A través de un comunicado enviado al sancionado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; al canciller orteguista Denis Moncada, y a María Amelia Coronel, Ministra de Gobernación, las organizaciones manifestaron sus “consideraciones y propuestas”.
SONGI, propuso “analizar previamente algunos mecanismos en coordinación con el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y las ONG internacionales antes de aprobar la ‘Ley de regulación de Agentes Extranjeros’, en aras de evitar la duplicación de esfuerzos y poder agilizar trámites en función de nuestras actividades de cooperación”.
Las organizaciones internacionales alertaron que de ser aprobada dicha ley “podría llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación solidaria, en perjuicio de la población nicaragüense”.
“Vemos con preocupación algunos conceptos y mecanismos planteados en la propuesta de ‘Ley de regulación de agentes extranjeros’ ya que podría llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación solidaria, en perjuicio de la población nicaragüense, máxime en las actuales condiciones de atención a los impactos de la pandemia de la COVID19, que se manifiesta en todos los ámbitos de la salud y la economía del país y la región Centroamericana”, declaró SONGI.
Señalaron que dicha propuesta de ley crea un mecanismo de registro y reportes mensuales que “podrían ser imposibles de manejar, dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece”.
Las 32 ONGs solicitaron “agilización en los mecanismos de aprobación de certificación de junta directiva, de representante legal, constancia de cumplimiento de los requisitos” que cada año presentan y renovación de residencias a cooperantes internacionales que trabajan con diferentes comunidades y organizaciones nacionales.
Anotaron que han venido cumpliendo todas sus obligaciones legales y fiscales, contenidas en los marcos regulatorios existentes, reportando nuestros fondos, donaciones, actividades y obligaciones al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Ingresos, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, al Instituto Nacional Tecnológico y a ministerios y alcaldías, en aspectos específicos de nuestro trabajo en comunidades del país.
SONGI agregó que sus organizaciones gestionan cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria que llega a más de 550,000 personas hasta las comunidades más remotas del país, “para contribuir en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la nutrición, la seguridad alimentaria, la agricultura familiar sostenible, salud, educación, vivienda, protección social, gestión ambiental, resiliencia ante el cambio climático, acceso al agua potable, así como el ejercicio de derechos humanos y ciudadanos de la población nicaragüense”.
La iniciativa de ley ordena registrarse como “agente extranjero” a cualquier persona física o jurídica que dentro de Nicaragua se desempeñe o trabaje como “agente, representante, empleado o servidor de cualquier actividad bajo orden o la supervisión de un organismo, Gobierno, capital, empresa o fondo extranjero”.