Organismos defensores de derechos humanos rechazaron la entrada en vigencia de la “Ley Especial de Ciberdelitos”, también conocida como “Ley Mordaza”, con la que el régimen de Daniel Ortega plantea castigar con cárcel la propagación de “noticias falsas” a su criterio, para encarcelar a periodistas y críticos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) respaldó el posicionamiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) que ayer afirmó que dicha ley es una de las “peores amenazas a las libertades de expresión y de prensa de los últimos años, así como la independencia en el ejercicio del periodismo y la comunicación en Nicaragua”.
El CENIDH anotó que la nueva ley “viene ejercer vigilancia y control absoluto de redes sociales, plataformas digitales, perfiles en línea de activistas políticos, defensores de derechos humanos, y toda la población en general que se atreva a oponerse a las políticas gubernamentales”.
La legislación establece penas de dos a 10 años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”.
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que la ley es “ilegítima e inconstitucional” y que “no debe ser cumplida”.
El Colectivo indicó que la legislación es “violatoria de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población nicaragüense, principalmente de periodistas independientes, cuya labor ha sido criminalizada para reducir aún más el ejercicio de la libertad de expresión para intimidar y silenciar, despojando a los hombres y mujeres de prensa y a la población de su derecho constitucional de informar y el de ser informados”.
El organismo llamó a los nicaragüenses y a la comunidad internacional a continuar denunciando “las leyes arbitrarias y violaciones de derechos humanos que comete el gobierno de Nicaragua”.