El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó hoy martes una nueva resolución sobre Nicaragua en la que se condena la represión del régimen de Daniel Ortega en el país, el acoso a activistas y cooperantes con la ONU, y se pide al dictador Ortega que permita las protestas pacíficas.
La resolución, presentada a propuesta de ocho países americanos, se aprobó con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho en contra, entre estos últimos los de Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China.
La delegación colombiana, en representación de los promotores de la resolución (Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, la propia Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), destacó que el texto busca “contribuir a la solución de la delicada situación en Nicaragua”, que “se ha exacerbado por la pandemia y los desastres naturales”.
A la vista de la resolución e informes previos del Consejo críticos con Nicaragua, Colombia urgió al régimen de Ortega a que “coopere con las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria”.
La delegación austríaca, en nombre de los países de la Unión Europea, que mostraron su apoyo a la resolución, denunció la continuidad de los “actos de intimidación, acoso, detenciones y vigilancia arbitrarias a opositores políticos, periodistas y sociedad civil en Nicaragua”.
Una situación que en opinión de los países europeos ha empeorado con recientes reformas del código penal nicaragüense y otras instancias legales, como señaló también el texto de la resolución.
Ésta muestra “grave preocupación por las continuas noticias de violaciones de derechos humanos, abusos e impunidad desde abril de 2018, con persistente prohibición de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas, y actos de violencia de grupos armados”.
El texto denuncia las restricciones al espacio cívico, con intimidación, acoso y vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, “también en el contexto de la pandemia de COVID-19”, reporta EFE.
Por ello, la resolución urge al régimen orteguista a “abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica”, y le pide “liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente”.
Por parte del régimen, intervino en el Consejo de Derechos Humanos el “asesor presidencial” Paul Oquist, uno de los individuos sancionados por Estados Unidos a raíz de la actual crisis política, quien tachó la propuesta de “politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas”.
“Constituye una agresión contra el pueblo de Nicaragua”, añadió Oquist.
La misión de Estados Unidos en Ginebra, dijo a través de un tuit que votó a favor de la resolución, porque “Nicaragua arroja luz sobre las violaciones de derechos humanos, los claros obstáculos a la democracia, la represión de los medios de comunicación y centra la atención en los cambios necesarios para las elecciones legítimas de noviembre. ¡El momento de la rendición de cuentas es ahora!”.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chung, agregó que su país apoya “firmemente el llamado de la comunidad internacional a realizar reformas electorales significativas en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre”.