La oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció este viernes que el régimen de Daniel Ortega está utilizando el sistema de Justicia en Nicaragua para “silenciar cualquier voz crítica o disidente en el país”, y que sólo en mayo se han ocurrido al menos 63 detenciones “arbitrarias”, con acciones además contra dirigentes y entidades vinculadas a la Iglesia católica.
La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Marta Hurtado, reclamó el cese de esta represión y la “inmediata” liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia; liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente; y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”, dijo Hurtado.
La portavoz también instó al régimen de Ortega a “abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el estado de derecho”.
“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”, añadió.
Hurtado mencionó que “en una sola noche, 55 personas fueron acusadas de ‘conspiración para socavar la integridad nacional’ y ‘difusión de noticias falsas’, cargos que al parecer utiliza el Gobierno para silenciar a sus críticos”.
“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica”, denunció.
También relató que el pasado mes de mayo la Corte Suprema de Justicia inhabilitó a 26 abogados y notarios críticos con el régimen orteguista. Asimismo que esta semana, tres monjas fueron expulsadas de Nicaragua.
Hurtado destacó el caso Monseñor Rolando Álvarez, que cumple una condena de 26 años de cárcel y permanece recluido sin recibir visitas y sin las adecuadas medidas de higiene o saneamiento, según la ONU. “No tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”, denunció Hurtado.
La vocera de Naciones Unidas subrayó que el régimen orteguista “ha acusado a la Iglesia de ser una organización internacional que apoya lo que cataloga de ‘terrorismo’ y la desestabilización del país”.
“Al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia Católica de Nicaragua han tenido sus cuentas bancarias congeladas por presunto lavado de dinero. El Gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina ‘terrorismo’ y la desestabilización del país”, anotó.
Agregó que “más de 3200 organizaciones han visto cancelada su personería jurídica desde finales de junio de 2022. Los medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar”.