Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad, indicó un informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos estableció dicha misión para Venezuela el 27 de septiembre de 2019, que lideraron su presidenta Marta Valiñas de Portugal, y como miembros participaron Paul Seils, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox, de Chile.
La investigación concluyó que existen motivos razonables para creer que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición. Entre ellos, citó las “detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política”.
La misión de la ONU identificó varios elementos comunes a las violaciones, y las víctimas a veces sufren una combinación de elementos. Entre estos destacó el informe ataques físicos o amenazas, campañas de difamación y estigmatización, represalias administrativas (especialmente la destitución de políticos, jueces y fiscales o funcionarios públicos de sus puestos), procesos penales en procedimientos judiciales que no se ajustan a las normas del debido proceso y detenciones arbitrarias, incluso en malas condiciones y durante períodos prolongados de detención preventiva.
Además señaló malos tratos y torturas, incluida la violencia sexual y de género, detención durante periodos en los que se desconoce su paradero y hostigamiento y amenazas a familiares o personas cercanas a las víctimas principales.
La mayoría de las ejecuciones ilegales por parte de agentes estatales no han sido procesadas en Venezuela, donde el estado de derecho y las instituciones democráticas se han derrumbado, afirmó el informe sobre la investigación realizada por la ONU.
La misión de investigación de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018, deberían considerar los enjuiciamientos. Informó que compartiría su base de datos que contiene los nombres de los agentes identificados por las víctimas.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014 han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, incluidos los asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo en un comunicado la presidenta del panel, Marta Valiñas.
“Lejos de ser actos aislados, estos delitos fueron coordinados y cometidos de acuerdo con las políticas de Estado, con el conocimiento o apoyo directo de los mandos y altos funcionarios del gobierno”, dijo Valiñas.
El panel de investigadores de la ONU determinó que oficiales del ejército, la policía y los servicios de inteligencia habían cometido ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos se encontraba el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, el general Christopher Figuera, dijo el texto.
Falsificación de pruebas
La investigación determinó además que existen motivos razonables para creer que el servicio de inteligencia falsificó o colocó pruebas sobre las víctimas y que sus agentes torturaron a los detenidos. Entre ellos se encontraba el legislador opositor Fernando Alban, de quien el gobierno dijo que se suicidó en 2018 pero cuyo partido afirmó que fue asesinado.
Se cree que el capitán de la Armada Rafael Acosta murió tras ser torturado bajo la custodia de la agencia de inteligencia militar DGCIM el año pasado, dijeron los expertos de la ONU.
El panel, creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones desde 2014, no tuvo acceso a Venezuela, desde donde más de 5 millones de personas, una sexta parte de la población, han emigrado para huir de la crisis política, económica y humanitaria que padece la nación sudamericana.
El informe de los investigadores de la ONU encontró que el aparato estatal venezolano respondió con tácticas represivas a las protestas de la oposición, que se incrementaron especialmente después de que Maduro fue reelegido en 2018 en medio de una protesta por los resultados.
“Las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Las fuerzas de seguridad también usaron armas menos letales de manera letal, lo que resultó en la muerte de los manifestantes”, dijo el informe.
*Con información de VOA