La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, expresó hoy preocupación por una ley en Nicaragua que ahonda la represión de las organizaciones de la sociedad civil, con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; y en ese sentido pidió al régimen de Ortega que restablezca la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de prensa
“Es crucial que las autoridades cesen las cancelaciones indebidas y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de prensa que han sido cerrados arbitrariamente. Instamos a las autoridades a que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados”, señaló el organismo de la ONU.
La ley que ha entrado en vigor viola las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos, señaló la entidad.
“Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el Gobierno”, advirtió la portavoz de la Alta Comisionada, Liz Throssell.
La norma dificulta el registro de las ONG al obligarlas a solicitar la aprobación del régimen para sus actividades y les obliga a darles nueva información, como las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios.
Asimismo, se prohíbe a las oenegés hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen esas acciones.
Igualmente, la ley establece una cuota máxima del 25% de “miembros” extranjeros en cualquier organización, sin entrar en detalles, lo que la Oficina de Bachelet considera que restringe la libertad de expresión y asociación de los extranjeros en Nicaragua.
La entrada en vigor de la ley ha coincidido con una votación en la Asamblea Nacional para despojar a medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales.
Desde 2018, se han cerrado al menos 209 organizaciones en Nicaragua, 137 de ellas únicamente este año.
También se ha cancelado la personalidad jurídica de doce universidades, que ahora están bajo el control del régimen.