Destacados / Nacionales · 28/06/2022

ONU pide liberar a 13 presos políticos en Nicaragua e investigar muerte de Hugo Torres

En una opinión pública, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al régimen de Daniel Ortega a liberar inmediatamente a 13 personas presas políticas, realizar una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos en Nicaragua, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en una nota de prensa.

Entre estas personas figura Hugo Torres Jiménez, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero, y por el cual el Grupo de Trabajo pide una investigación específica que incluya un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo que recibió.

El Grupo de Trabajo solicitó que la liberación de las otras 13 personas presas políticas que permanecen con vida “sea absoluta”, y que se les conceda a ellas y a las personas beneficiarias de Torres Jiménez, el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

Las 13 personas cuya libertad solicita el Grupo son: Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Daysi Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Argüello, Suyen Barahona Cuan, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Luis Rivas Anduray, Miguel Mora Barberena, Miguel Mendoza Urbina y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

En su opinión, el Grupo de Trabajo explicó que sus detenciones son de carácter arbitrario porque contravienen ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es firmante; y se inscriben en cuatro (I, II, III y V) de las cinco categorías, según sus Métodos de Trabajo.

“Sus casos son ejemplos del uso de procedimientos penales para que personas críticas al gobierno actual, que han trabajado en favor del cambio democrático y la defensa de los derechos humanos, no expresen sus opiniones ni participen en la vida pública”, apuntó el organismo.

Las personas detenidas tampoco fueron presentadas inmediatamente ante un juez, sometidas a prisión preventiva automática y estuvieron incomunicadas por al menos un mes, sin contar con la asistencia y comunicación confidencial con sus abogadas y abogados defensores. Lo anterior constituye una violación al derecho a tener contacto con el mundo exterior. Asimismo, se están incumpliendo las Reglas Nelson Mandela y principios del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”. Estas personas han sufrido impacto en su salud producto de la carencia de alimentación, higiene, sanidad, camas apropiadas, falta de abrigo y atención médica especializada.

Finalmente, el Grupo de trabajo hizo énfasis en la discriminación ejercida contra las personas defensoras de derechos humanos con posiciones y opiniones políticas expresadas públicamente, y expuso que estas detenciones fueron efectuadas “para imposibilitar que integrantes de grupos políticos opositores al Gobierno participen en la vida pública del país”.