Opinión: Los focos rojos que hay en Nicaragua ante las próximas elecciones

* Por Alberto Brunori, representante regional de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana.

En abril de 2018 estalló una movilización social masiva en Nicaragua que protestaba contra la reforma de la seguridad social. La acción represiva de las fuerzas de seguridad y de los grupos armados progubernamentales y, en menor medida, los abusos cometidos por individuos que participaron en las protestas, dejaron más de 300 personas muertas y de 2,000 heridas. Más de 1,600 personas fueron detenidas de manera arbitraria y aproximadamente 100,000 tuvieron que solicitar asilo en otros países.

En agosto de ese año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un primer informe sobre esos sucesos. Otro fue presentado en septiembre de 2019 al Consejo de Derechos Humanos.

En este último, además de documentar las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, restricciones al derecho de reunión pacífica, juicios sin garantías, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y otros ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos, personas LGBTI+, estudiantes y miembros del clero—, emitió una serie de recomendaciones al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional para abordar la situación.

Ahora, a poco menos de tres años del inicio de esta crisis, el panorama no es alentador: el nivel de cumplimiento de esas recomendaciones por parte de las autoridades nicaragüenses ha sido deficiente. A pesar de que la Oficina ha ofrecido una y otra vez su disposición para prestar al Estado de Nicaragua asistencia técnica a fin de tomar medidas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, como lo hacemos en todos los países del mundo, el gobierno no ha aceptado dicha cooperación.

Por el contrario, las demandas constantes de las víctimas para que se haga justicia han quedado insatisfechas. Es más, en junio de 2019, el Estado nicaragüense aprobó una ley de amnistía incompatible con el derecho internacional, la cual no ha permitido aclarar las responsabilidades de las violaciones que ocurrieron hasta junio de 2019: los hechos han quedado hasta ahora en la impunidad. Tampoco se adoptaron las medidas recomendadas por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, encaminadas a evitar la repetición de las violaciones, lo cual ha creado un ambiente propicio para que estas se sigan dando, aunque en intensidad, formas y patrones diferentes.

El país vive desde hace casi tres años una crisis multidimensional: social, política y de derechos humanos. Ahora, esta crisis se ve agravada por la pandemia y por los desastres que dejaron a su paso los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En caso de que el gobierno no tome pronto medidas que aborden esta crisis, Nicaragua se enfrentará a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en una situación marcada por una gran tensión social, por la ausencia de plenas garantías de derechos humanos y por la debilidad del Estado de derecho, que se extiende a las instituciones electorales.

A contracorriente, las autoridades nicaragüenses parecieran sumar escollos en el camino hacia unas elecciones con las debidas garantías. Durante el último trimestre del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, las cuales contienen disposiciones que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos y restringen las libertades necesarias para el espacio cívico, especialmente en el escenario electoral.

La primera dificulta a las organizaciones de la sociedad civil obtener fondos de fuentes extranjeras e impide a cualquier ciudadano que reciba, directa o indirectamente esos recursos, ejercer sus derechos de participación política. La segunda contiene disposiciones que crean tipos penales ambiguos e incompatibles con las exigencias de la libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. La tercera, entre otras cosas, prohíbe optar por cargos de elección popular a las personas que demanden o “aplaudan” la imposición de sanciones contra “el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

En enero de este año, se reformó la Constitución reintroduciendo la cadena perpetua (en lugar de la pena máxima anterior, de 30 años) para castigar los llamados crímenes de odio, lo que se teme pueda ser utilizado en contra de miembros de la oposición.

El pasado 2 de febrero, además, se adoptó otra reforma, esta vez, del Código Procesal Penal, que extiende desde 48 horas hasta 90 días el plazo en que un individuo puede permanecer detenido sin una acusación y sin que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Es decir, no se investiga para detener, sino se detiene para investigar.

A todo esto, deben sumarse más de 150 denuncias documentadas por nuestra Oficina desde el 1 de agosto de 2019 sobre hostigamiento, acoso, amenazas y ataques que sufren las agrupaciones y liderazgos políticos que buscan organizarse con miras a los próximos comicios, incluyendo las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, estudiantes, periodistas independientes (34 denuncias) y, en general, cualquier persona que es percibida como opositora al gobierno o a sus políticas.

Aunque el panorama en Nicaragua se muestra incierto, la colaboración del gobierno con las agencias especializadas de las Naciones Unidas en respuesta al COVID-19 y a la devastación causada por los huracanes Eta e Iota deja entrever una apertura alentadora. Pero esa apertura, sin el cumplimiento pleno de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos y sin el reconocimiento claro de las demandas ciudadanas, que abogan para que se aprueben las reformas que Nicaragua necesita, no es suficiente. Una vez más, el gobierno de Nicaragua tiene la ocasión de abrirse a las exigencias de cambio e implementar las recomendaciones de los organismos regionales y globales de derechos humanos, incluyendo las de reformas electorales. No hay camino posible, ni futuro para las y los nicaragüenses, fuera de los derechos humanos, y menos aún si estos se siguen violando.

*Tomado de The Wasington Post

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *