Raúl Aguilar | 05 septiembre 2025
El eterno problema de Nicaragua: la propiedad urbana y rural. El tema de confiscaciones y expropiaciones, robos y ajustes de cuentas, no es nuevo en Nicaragua. Remitirse a «investigar» en la historia reciente, en los últimos 50 años, no es suficiente, aunque es tentador porque hay más datos y casos con datos y detalles disponibles. Pocos saben, que antes de fundar Mac Center, pasé por BIDE, el Instituto Boston para Economías en Desarrollo, cuya sede estaba en esos años, principios de los 90’s, en los alrededores de Washington D.C., en Bethesda, Maryland. BIDE, tuvo un importante papel en las políticas públicas en Nicaragua, como firma privada consultora de orden internacional en temas económicos, entre los años 1993 hasta el año 2002. Por casi, diez años, primero en el proyecto NEPAI, Núcleo Especial de Políticas Económicas y su Implementación, que funcionó en el cuarto piso del edificio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, durante el mandato de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y luego en los diferentes proyectos nacionales, tales como la estandarización de Bonos de Indemnización, Mercado de Tierras Rurales, Tenencia de la Propiedad en Nicaragua, Costos y tiempos de legalización, y en general varios proyectos de asistencia técnica en temas económicos y desarrollo al país con fondos principalmente de USAID, donados a los gobiernos de turno. Uno de mis antiguos mentores y jefes, se trató del Dr. John Strasma (1932 – 2007), profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, en Economía Aplicada y Agrícola. El Dr. Strama estuvo a cargo del mejor esfuerzo para contribuir a la resolución de las disputas por la última ola de expropiaciones y confiscaciones a extranjeros en la década de 1980 a 1990. Bajo su liderazgo se logró incluir los bonos de indemnización en los mercados de capitales internacionales, incluyendo las bolsas de valores de Wall Street en USA, y el mercado europeo en Euroclear y Cedel. La firma de abogados CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON, ubicada en el One Liberty Plaza, de New York estuvo a cargo de la redacción del contrato entre el gobierno de Nicaragua, representada por la Tesorera (María Lourdes Chamorro Benard), y los bancos intermediarios en el extranjero, que incluía al Banker’s Trust. Strasma se enfrentó a un problema centenario, la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la propiedad en Nicaragua, y las cadenas históricas de un problema que se arrastra desde el siglo XIX y me atrevo a decir, que desde tiempos de la colonia, tal como lo ha retratado Humberto Belli en «Buscando la tierra prometida: historia de Nicaragua 1492 – 2019». Entre el año 1990, recién asumió la presidenta Violeta Barrios de Chamorro y 1999, ya en el gobierno de Arnoldo Alemán, aparecieron decenas de reclamos de propiedades sobre lo que hoy simplemente se denomina «la piñata». Reclamos muchas veces con fundamento, pero otras veces fuera de lo razonable, sobre todo en los casos en los que algunos de sus propietarios tenían hipotecas pendientes de pago con la banca local, o esperaban exageradas compensaciones por el daño a sus propiedades o por no haber recibido en tiempo y forma la compensación debida, obviando el hecho que todo el país había estaba sumido en una guerra civil entre 1978 y 1979 y que muchas propiedades sufrieron deterioro por abandono o por efectos de la guerra misma, tal como pasó en Estelí o Masaya, ciudades que sufrieron bombardeos e incendios indiscriminados por el gobierno de Somoza Debayle. En otros casos, el estado mismo pasó a hacer uso y usufruto de dichas propiedades para reconstruir un país en ruinas, como ocurrió en Estelí, donde la primera oficina de la Procuraduría y el Registro Civil pasaron a operar en una casa de un particular, situada de la esquina suroeste del parque central, una cuadra y media al oeste. Así que tratar de reducir la historia de la propiedad en Nicaragua a los reclamos, que, con todo derecho, tenían que ejercer los ciudadanos estadunidenses reportados en el informe de 1992 de la comisión Republicana al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de Agosto de 1992, realmente se queda corto, dado que el problema es más complejo y la sobre simplificación del mismo nos lleva a aguas obscuras que oculta casos controversiales de abuso que no están en el reporte. Abusos que se dieron en ambas vías, de parte del Estado de Nicaragua, pero también de algunos «reclamantes» que se pasaron de vivos reclamando hasta tres veces la misma propiedad, mientras que otras familias nunca recibieron ni una sola indemnización. O casos de robo descarado en períodos anteriores a los ochenta, como el que relata Róger Fisher Sánchez, y que denunció públicamente en el diario La Prensa (11-Abril-2015) de como Donald Spencer con artimañas legales les robó la propiedad de la mina de su bisabuelo Elías Pastora Gurdián durante el gobierno de Somoza, está de más decir que Donald Spencer aparece como reclamante en la lista del informe Republicano al senado de 1992. No debemos hacernos los ciegos, ante un problema que tiene raíces profundas heredadas por la mala administración en la colonia y que tal pareciera se ha quedado inoculado en el ADN del gobernante Nicaragüense y del ciudadano, sin importar a qué partido o ideología política supuestamente representa, desde los gobiernos conservadores, pasando por el período de Zelaya, luego los Somozas, hasta llegar a 1979 y los 10 años de gobierno del FSLN y los gobiernos posteriores, porque nos gusté o no, «las piñatitas» siguen ocurriendo, porque el flagelo es la corrupción a todos los niveles. Para citar otros ejemplos concretos, solo basta revisar la expropiación y confiscación de bienes que sufrieran los jesuitas por parte del gobierno del presidente Zavala (Conservador) entre 1881 y 1885, que culminó con la privatización de las tierras eclesiásticas en 1887. Más tarde, con Zelaya (Liberal) como nuevo gobernante, se dió una nueva ola de confiscaciones y expropiaciones a la iglesia católica, y eliminó de tajo las tierras comunales. Eso sin entrar de lleno al siglo XX, cargado del período Somocista, y luego los 10 años de gobierno del FSLN. Ambos períodos solo confluyeron con las mismas malas prácticas sobre la propiedad en Nicaragua. Si a eso le sumamos los robos de propiedades entre particulares, son doscientos años de limpieza registral (si acaso hay registro, porque recordemos, que parte del problema es que en muchos casos los registros no existen, los han desaparecido o se han quemado en las diversas guerras que ha sufrido Nicaragua o han sido deteriorados por los eventos naturales: terremotos, huracanes, incendios, etc.). Veo con simpatía como algunos periodistas acuciosos se han lanzado a revisar la historia del país, sin embargo, reducir el problema de la propiedad en Nicaragua, a un determinado período, si de verdad se quiere llegar a fondo de las raíces históricas de este problema, se deben dejar a un lado los apasionamientos coyunturales y entrarle de lleno a la miel de la historia, tarea nada fácil y que amerita un esfuerzo comunitario y responsable. En mi propia familia tenemos registrado varios casos de robo de propiedades sufridos por bisabuelos (Leonor y Josefa Altamirano en León y Antonia López y Salomón Rashid en Somoto, a comienzos del siglo XX), abuelos (la confiscación de Don Alejandro Aguilar Bolaños por la revolución y la venta casi forzada por centavos de una de las casas de Susana Altamirano en Estelí) y otros parientes, y también el mío propio (en el año 2003 en Managua), casos que detallaré en otro capítulo. ¿Estará el futuro estado de Nicaragua dispuesto a indemnizar a los que hemos sido afectados, y lo que es más importante, a poner punto final al robo descarado de propiedades en el país o solo le echaran tierrita y se harán de la vista gorda, cambiarán los gobiernos, pero las prácticas corruptas continuarán «ad infinitum»?
Fotografía: el Dr. John Strasma (1932 – 2007), segundo de derecha a izquierda, y parte del equipo de BIDE en Nicaragua en Marzo del año 2001, en el Olof Palme, al terminar un Simposio sobre Mercado de Tierras Rurales. Archivo de BIDE.
Texto: fragmento de memorias sobre Nicaragua de Raúl Aguilar.