José Alberto Montoya
El Banco Central de Nicaragua ha informado que, al cierre del III trimestre de 2025, la deuda externa total del país alcanzó los US$16,139.3 millones. La cifra, presentada oficialmente como un crecimiento “moderado” del 0.5% respecto al trimestre anterior, es en realidad un dato alarmante si se observa con una mirada estructural y no propagandística. Detrás del número se esconde una dependencia financiera profunda que compromete la soberanía económica del país y limita cualquier posibilidad real de desarrollo sostenible.
Aunque el régimen insiste en proyectar una imagen de estabilidad macroeconómica, el endeudamiento externo revela una economía sostenida artificialmente por préstamos, con un Estado cada vez más costoso y un sector privado asfixiado.
El informe confirma que el 54.9% de la deuda externa corresponde al sector público, es decir, más de US$8,800 millones bajo responsabilidad directa del Estado. Lo preocupante no es únicamente el monto, sino el comportamiento del servicio de esta deuda: el pago del sector público aumentó en US$20.4 millones respecto al mismo trimestre de 2024.
En un país con servicios públicos deteriorados, alta pobreza y una crisis social persistente, resulta legítimo preguntarse: ¿dónde está el retorno de esta deuda? El régimen continúa endeudándose sin mostrar resultados claros en productividad, inversión social o fortalecimiento institucional. La deuda no está financiando desarrollo; está financiando la supervivencia de un aparato estatal ineficiente y centralizado.
Paradójicamente, mientras el Estado concentra la deuda, el sector privado asumió el 74.3% del servicio total, pagando US$580.3 millones en el trimestre. Este dato revela una distorsión grave: las empresas, que no controlan la política económica ni la asignación del gasto público, son quienes cargan con el mayor peso financiero.
A esto se suma un problema crítico: las tasas de interés. Mientras el sector público accede a financiamiento con tasas promedio del 2.85%, el sector privado no financiero enfrenta tasas del 8.01%. Esta brecha no solo es injusta, sino económicamente destructiva. A esas tasas, la reinversión, la innovación y la generación de empleo se vuelven cada vez más difíciles, empujando a las empresas a la informalidad o al estancamiento.
Otro elemento preocupante del informe es el aumento de la deuda privada de corto plazo, con vencimientos menores a un año. Esta tendencia incrementa la vulnerabilidad del país ante cualquier choque externo: caída de exportaciones, reducción de remesas o endurecimiento de condiciones financieras internacionales.
La economía nicaragüense se vuelve así más frágil, con riesgos inmediatos para la balanza de pagos y la estabilidad cambiaria. Es una bomba de tiempo silenciosa que el discurso oficial prefiere ignorar.
El problema de fondo no es la deuda en sí, sino la ausencia de una estrategia clara de retorno productivo. Endeudarse para pagar deuda anterior, sin diversificar la economía ni fortalecer sectores exportadores, es una ruta conocida hacia el colapso.
El gobierno debe rendir cuentas. Se requiere transparencia y auditoría real sobre los proyectos financiados con préstamos externos. También es urgente reducir el riesgo país, para que el sector privado pueda acceder a mejores tasas y plazos más largos. Además, Nicaragua necesita diversificar sus fuentes de financiamiento, reduciendo la alta dependencia de organismos específicos como el BCIE, que concentra más del 60% del financiamiento multilateral.
Finalmente, sin una política seria de fomento a las exportaciones y generación de divisas, la deuda externa seguirá creciendo sin capacidad real de pago.
La deuda no puede seguir siendo el maquillaje de una economía enferma. Sin democracia, sin instituciones sólidas y sin confianza, ningún informe —por ordenado que parezca— puede ocultar la fragilidad del modelo económico impuesto por la dictadura.