La dictadura sandinista opera con dos racionalidades simultáneas: hacia adentro, represión total; hacia afuera, respeto ortodoxo a la disciplina financiera. La arquitectura híbrida entre geopolítica interna y geoeconomía externa ha oxigenado la supervivencia del modelo cleptocrático de la familia Ortega-Murillo. Esta dicotomía no es accidental; responde a una estrategia deliberada donde el control territorial y poblacional hacia adentro se articula con la construcción de una valoración económica positiva hacia afuera. Ambas dimensiones operan como pilares de un autoritarismo que combina coerción interna con cálculo internacional.
El estudio del poder a diferentes escalas espaciales es una exigencia para comprender cómo se construyen, disputan y transforman los territorios. La geografía política describe cómo el poder se organiza en el espacio, mientras que la geopolítica, especialmente en su vertiente crítica, analiza cómo ese conocimiento espacial se instrumentaliza para ejercer dominación. En Nicaragua, esta distinción permite entender cómo el régimen convierte el espacio en un recurso de dominación.
Desde una lectura geopolítica crítica, el régimen ha configurado un sistema de control territorial diferenciado. En las zonas densamente pobladas y económicamente estratégicas (Managua, corredores logísticos, fronteras, puertos, aeropuertos) opera un sistema de hipercontrol policial y paramilitar. En las cabeceras departamentales predomina un control intermitente, dependiendo de coyunturas políticas. Y en las zonas rurales y periféricas, especialmente en el Caribe, se observa un control delegado, donde el Estado cede funciones a actores locales o simplemente abandona su presencia institucional.
El sistema se sostiene mediante una combinación de mecanismos represivos: vigilancia policial, estructuras parapoliciales y extorsión administrativa desde alcaldías y ministerios. A ello se suman restricciones selectivas contra organizaciones religiosas, cierre de medios locales y persecución focalizada de opositores. El territorio se convierte en un mecanismo de disciplinamiento social, donde la movilidad, la información y la vida comunitaria quedan sujetas a la lógica del control político. El resultado es una territorialización del miedo que regula la vida cotidiana.
Paralelamente, el régimen despliega una geoeconomía externa orientada a proyectar estabilidad ante inversionistas y organismos financieros internacionales. La disciplina fiscal, la estabilidad cambiaria y el cumplimiento de deuda (indicadores valorados por el Banco Mundial, el FMI y las agencias calificadoras) funcionan como un escudo diplomático. El régimen entiende que, en el sistema financiero global, la estabilidad macroeconómica pesa más que la calidad democrática; esto le ha permitido evitar el colapso por sanciones estructurales, mantener acceso a cooperación técnica y proyectar una imagen de normalidad que contrasta dramáticamente con la erosión institucional y el deterioro socioeconómico interno.
Son dos geografías y un mismo proyecto de poder. Pero la contradicción estructural es cada vez más visible: la geopolítica interna exhibe un Estado corroído y dependiente del miedo, mientras la geoeconomía externa apenas maquilla su deterioro. La arquitectura híbrida que sostiene al régimen empieza a mostrar grietas que ni la disciplina fiscal puede ocultar, a medida que la extorsión y la represión interna asfixian la misma base económica que el régimen pretende proyectar al exterior.
Ezequiel Molina
Mayo 18, 2026