Edgard Blanco | 20 mayo 2025
En semanas recientes, los nicaragüenses hemos conocido de la disolución oficial del Consejo Nacional de Universidades (CNU), reemplazado por el nuevo “Consejo Nacional de Rectores de Universidades”. Este ente nace bajo el control directo del poder ejecutivo, consolidando el dominio total del régimen sandinista sobre la educación superior. Esto no es un simple ajuste administrativo, más bien es otra expresión de un patrón totalitario en el que el Estado elimina toda autonomía y descentralización institucional, con lo que todo el país está indefenso ante un sistema perverso que ya opera plenamente.
Y me detendré en este concepto, “el totalitarismo”, con el fin de mostrar que este no es un hecho aislado de ataque a la educación, sino que es parte de una política sistemática para implantar un Estado totalitario en todas las facetas de la vida de los nicaragüenses. A la luz de la Ciencia Política, existen varios elementos para describir esto, como la concentración del poder, la supresión de la pluralidad social e institucional, el uso sistemático del terror y el control absoluto del pensamiento a través de la propaganda y la educación. Teóricos como Carl J. Friedrich y Zbigniew Brzezinski han explicado que estos regímenes crean una “ideología oficial”, un “partido único” y controlan los medios, y principalmente la educación. Esto pareciese una descripción fiel de Nicaragua bajo la dictadura.
Los regímenes totalitarios no buscan únicamente dominar a sus opositores, también destruyen cualquier espacio donde se pueda ejercer juicio independiente, tales como universidades, sindicatos, prensa independiente, ONGs, etc porque representan focos potenciales de resistencia. El destino del CNU es el ejemplo perfecto de esto, cuando ha perdido su utilidad como mecanismo de control, simplemente lo eliminan. El Estado nicaragüense se ha transformado en un monstruo centralizador que no tolera nada que escape a su control. La universidad, por su esencia crítica, plural y abierta, representa el último bastión frente a esa lógica. Destruirla, como lo hace la dictadura, es asegurar que no queden testigos, ni memoria, ni pensamiento disidente.
El impacto de esta política totalitaria ha sido devastador. La matrícula universitaria cayó en más de 60,000 estudiantes, según datos oficiales del CNU (de 241,113 en 2017 a 180,220 en 2024). A esto se suma la pérdida de miles de docentes experimentados. Hoy, más del 48 % de los profesores universitarios tienen menos de cuatro años de experiencia, según la misma fuente. ¿Quién puede hablar de “fortalecimiento” del sistema con este panorama? Solamente Rosario Murillo.
El nuevo “Consejo de Rectores” no representa un avance ni un modelo de pluralidad. Todo lo contrario. Está compuesto por rectores nombrados por el propio régimen, sin elección libre, sin deliberación, sin legitimidad. Es la continuidad del sometimiento total de la educación superior al poder político. Es, en términos prácticos, una fachada institucional; es decir, aparenta continuidad funcional, pero en realidad solo reproduce obediencia absoluta. Asimismo, el caso de Ramona Rodríguez (exrectora de la UNAN-Managua) es revelador, tras colaborar activamente en el desmantelamiento de la autonomía universitaria y en crímenes de lesa humanidad, ha sido apartada y relegada a un proyecto ambiguo de “capacitación de emprendedores”. El totalitarismo no recompensa lealtades; las consume.
Pero hay responsabilidades compartidas. El silencio del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) es escandaloso. La defensa de la libertad académica no puede ser selectiva ni funcional a intereses diplomáticos o ideológicos. Callar ante una política sistemática de persecución académica equivale a complicidad activa.
En Nicaragua, lo que se está enterrando es la noción misma de universidad. En su lugar emerge un aparato de adoctrinamiento, sin libertad de cátedra, sin pensamiento crítico, sin vínculo con la ciencia, sin legitimidad social. Una universidad subordinada al partido es la negación de la universidad como institución moderna.
Quien aún dude del carácter totalitario del régimen nicaragüense haría bien en observar no solo lo que destruye, sino cómo lo reemplaza. El caso del CNU es emblemático; lo que se extingue es una cultura, una institucionalidad. Lo que sucede es totalitarismo.
* Edgard Blanco es politólogo, presidente de Acción Universitaria y director del Centro de Acción para la Libertad, impulsa iniciativas por la democracia, los derechos humanos y la defensa de una educación libre en Nicaragua y América Latina.