Opinión / Ensayos · 26/05/2020

Punto y aparte en sanciones – Edmundo Jarquín

Tenía listo mi artículo de hoy cuando sobrevino la noticia que el Jefe del Ejército, General Julio C. Avilés, había sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, y también el Ministro de Hacienda, Iván Acosta. En el primer párrafo del artículo preparado, me preguntaba por qué Ortega no aplicaba las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para luchar contra el coronavirus, y a reglón seguido me contestaba, que no las necesitaba y esto, en efecto, tiene que ver con las recientes sanciones.

Las medidas recomendadas por la OMS, agregaba en el artículo preparado, de alguna forma restringen la libertad de las personas, desde la movilización hasta el confinamiento obligatorio, y aquí en Nicaragua existe un Estado de Sitio de hecho, hay una cuarentena permanente, pero por razones políticas, porque hemos derivado de un régimen autoritario a una dictadura sangrienta. Hay que recordar, qué en la masacre de abril y meses subsiguientes, se usaron armas de fuego de guerra, tanto por la Policía como por grupos armados parapoliciales, como está en el Informe del Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI). Esas armas de fuego de guerra, como señala la comunicación de la sanción, no podrían haber sido entregadas sin autorización superior.

Hay que recordar, a propósito de esta sanción individual, que el General Avilés no se negó, como debería haberlo hecho, a uno de sus  compromisos institucionales fundamentales, a la prolongación indefinida en su cargo de Jefe del Ejército, como lo hicieron antes los Generales ® Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Hallesleven. Esta prolongación era parte esencial del proceso de institucionalización y profesionalización del Ejército, y era, a la vista de todos, una réplica de la prolongación indefinida y fraudulenta de Ortega en el poder.

A diferencia de la Policía Nacional, que ha sido sancionada como institución, además que han sido sancionados algunos miembros individualmente, no ha sido este el caso porque el Ejército como institución no ha sido sancionada. En este sentido, puede verse en la sanción el incentivo para que el Ejército como institución cumpla su reiterado compromiso, en varios comunicados, por una solución pacífica de la crisis política.

Y, precisamente, estas son las razones de las sanciones internacionales, individuales como en este caso, adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, pero también por Canadá y la Unión Europea, como lo vimos hace pocas semanas. Alcanzar una solución pacífica a la crisis política es la convergencia entre las sanciones adoptadas y los nicaragüenses, pero Ortega parece haber aprovechado la pandemia para mantener el Estado de Sitio de hecho y retrasar su levantamiento, incluyendo la liberación de presos políticos, y prepararnos para la solución pacífica por excelencia, que son elecciones verdaderamente libres.