La oposición en Nicaragua denunció que dos de sus dirigentes cumplieron este viernes 144 horas de persecución continua por parte de la Policía Orteguista, que mantiene patrullas en sus casas y los sigue a donde vayan.
Según la oposición, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, y el directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco Félix Maradiaga, sufren “persecución permanente” desde el pasado fin de semana, mientras que otros líderes de dichas organizaciones son seguidos de forma “intermitente”.
“Desde el sábado pasado a Juan Sebastián lo han seguido y, a partir de hoy, han triplicado el número de agentes. Hay tres vehículos y también motocicletas”, dijo a la agencia EFE el miembro de la Alianza Cívica Eliseo Núñez.
Por su parte, Maradiaga no ha podido ingresar a su vivienda y ha tenido que pernoctar en diferentes lugares en la última semana, debido a la persecución policial, informó el portavoz de la Unidad Nacional, Josué Garay, quien también es perseguido por los agentes, aunque de forma intermitente, afirmó.
En la misma situación se encuentra la representante de la Alianza en Nueva Segovia, Juana Castellanos, quien lleva sin poder volver a su casa desde septiembre pasado, cuando fue capturada de forma temporal por la Policía.
En tanto, el representante de la Alianza en la ciudad de Rivas, Francisco López, vive una situación opuesta: “hoy ya no lo dejaron salir, tiene prácticamente casa por cárcel”, señaló Núñez.
DECENAS EN IGUAL SITUACIÓN
La Alianza Cívica tiene dirigentes territoriales bajo persecución intermitente en los municipios de Managua, Boaco, Juigalpa, Matagalpa, Nueva Segovia, Sébaco y Rivas, según el recuento de la organización.
En el caso de la UNAB, al menos una veintena de dirigentes están bajo el mismo tipo de asedio en diferentes zonas de Nicaragua, indicó el portavoz, incluyendo a las integrantes del Consejo Político Violeta Granera, Reyna Rodríguez e Ivania Álvarez.
La presencia policial en las casas de los opositores o líderes es una constante desde abril de 2018, a raíz del estallido social contra el régimen de Daniel Ortega.