Diversas organizaciones dentro de Nicaragua, en el exilio y la diáspora nicaragüense, que participan del “Espacio plural de diálogo y confluencia para actuar conjunta y coordinadamente entre actores nicaragüenses”, enviaron una carta a Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que convoquen a sesión extraordinaria del Consejo Permanente y se pronuncie “con carácter de urgencia y tome las medidas pertinentes” tras la expulsión de los representantes diplomáticos de ese organismo en Nicaragua y el asalto a sus oficinas en Managua.
“En la misiva expresan que como actores de sociedad civil y de oposición en Nicaragua repudian estos actos del régimen Ortega Murillo ya que no representan el sentir ni los valores del pueblo de Nicaragua, que el 7 de noviembre de 2021 no acudió a las urnas electorales, ganando el silencio y la abstención, lo que dejó en evidencia que Daniel Ortega y Rosario Murillo son ilegítimos en el poder, decisión que fue respaldada por la Asamblea General de la OEA el mismo mes, expresando no poder reconocer como legítima dicha farsa electoral”, dice una declaración.
En la misiva las agrupaciones civiles y de oposición consideran que “la OEA debe actuar en consecuencia, no dejando pasar bajo ninguna circunstancia este hecho que no solo viola la inmunidad de la Organización, sino que constituye una violación flagrante al derecho internacional y una amenaza a la paz, la seguridad y convivencia de la comunidad de naciones”.
El pasado domingo el régimen orteguista anunció la expulsión de la OEA de Nicaragua, y el cierre de la sede diplomática, tras lo cual la Policía se tomó la propiedad desde donde el organismo despachaba en Managua.
Este miércoles fue oficializado en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, el robo del inmueble, que ni siquiera era propiedad de la OEA, sino de terceras personas que le arrendaban al organismo regional.
Pese a ello, el régimen declaró de “utilidad pública” el edificio de dos plantas, propiedad de las hermanas Luz Marina Navarrete Guevara y María Auxiliadora Navarrete Guevara, esta última es conocida registralmente como María Auxiliadora Navarrete de Domson.
El régimen pretende convertir el inmueble en un “museo de la infamia”.