Oposición rechaza extensión de plazo para que partidos políticos gestionen personería jurídica

Varios movimientos opositores de Nicaragua rechazaron este martes la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) que extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas para noviembre de 2021.

La Coalición Nacional sostuvo que salir de la dictadura y reconstruir Nicaragua en democracia “requiere de reformas electorales profundas y no de reformas cosméticas, ni amagos que solo buscan favorecer a más partidos zancudos”.

A través de un comunicado, el bloque opositor visto como la principal fuerza opositora de cara a derrotar al régimen de Daniel Ortega en las próximas elecciones, manifestó que la extensión del período para solicitar nuevas personerías jurídicas de partidos políticos, “constituye una muestra más del abuso de poder y de la ilegalidad que el régimen promueve y una nueva burla a la ciudadanía nicaragüense que desde las últimas elecciones ha venido expresando su desconfianza y descontento ante un CSE viciado y sin credibilidad alguna”.

Comunicado Coalición Nacional

“Ratificamos la decisión de todas las organizaciones de la Coalición Nacional de no aceptar negociaciones bilaterales, secretas o solo con partidos políticos y demandar el restablecimiento del Estado de derecho y garantías constitucionales lo que pasa por la libertad inmediata de los presos políticos, el retorno seguro de exiliados, el desarme de las fuerzas de represión y el cese al acoso que permitirán llevar un eventual proceso electoral con seguridad y garantías”, agregó la Coalición.

La Coalición está integrada por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Movimiento Campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido de Restauración Democrática (PRD), y el partido indígena Yatama («Hijos de la madre tierra» en lengua miskita). Algunos de estos también se sumaron por separado a la decisión del CSE.

La Alianza Cívica dijo que la extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas “no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua”.

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Su director ejecutivo Juan Sebastián Chamorro sostuvo que rechazan el anuncio del CSE porque no resuelve el tema de fondo que es “que se deben de dejar de robar las elecciones”. Para ello son necesarias reformas electorales profundas.

Por su parte, Támara Dávila, del consejo político de la UNAB también rechazó la extensión de plazo anunciada por el Poder Electoral.

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“Hacen un lavado de cara, hacen ver como si están abriendo las posibilidades de inscripción de nuevos partidos políticos cuando todos sabemos que esos magistrados que otorgan el sí y el no en el CSE están al servicio de la dictadura de Ortega”, declaró.

La UNAB demanda reformas electorales profundas y la remoción de todos los magistrados.

El politólogo Félix Maradiaga, también del consejo político de la UNAB, tildó el anunció del como una resolución “cosmética y jurídicamente nula”.

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“La resolución administrativa, publicada por el CSE hoy en La Gaceta, es una medida desesperada de la dictadura, para intentar quitarse la soga del cuello que tienen por la presión nacional e internacional. Esa resolución no aborda ninguno de los cambios reales que hemos exigido como condiciones fundamentales para que haya elecciones libres”, escribió Maradiaga en sus redes sociales.

Añadió que la resolución es además jurídicamente nula, porque que una resolución de rango administrativo no puede reformar la ley electoral.

El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) al que el CSE le canceló su personalidad jurídica en junio de 2008, también rechazó esa resolución, que calificó como una “nueva burla de la dictadura”.

La presidenta del MRS, Suyen Barahona, dijo que los nicaragüenses demandan condiciones para elecciones limpias, transparentes, competitivas y adelantadas.

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“El MRS rechaza estas migajas que el régimen de los Ortega Murillo deja caer de la mesa y reafirma su compromiso con el logro de verdaderas condiciones para elecciones que le permitan al pueblo nicaragüense decidir, limpiamente, acabar con esta dictadura y restablecer la democracia, para que haya justicia en este país”, añadió.

Asimismo, el Bloque Democrático señalo que esta resolución del CSE es “tramposa, distractiva e ilegal”.

“Cualquier reforma profunda debería implicar profundos cambios, pero repetimos e insistimos; antes de hablar de elecciones o reformas debemos presionar por la salida del dictador y su régimen, es lo primero a demandar junto con la salida de TODOS los presos políticos, libertades públicas y ciudadanas incluyendo derecho a marchas, cese de la represión, retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados, la justicia universal por asesinatos, heridos, lesionados y desaparecidos, y hasta después de la salida del dictador por ilegítimo y por rompimiento del orden democrático y constitucional, hacer profundas e integrales reformas para elecciones libres, transparentes, observadas y auditables con el procedimiento correspondiente. No mediante resoluciones administrativas que violentan la ley ni mediante parches parciales que sólo pretenden fomentar división y canibalismo, distraernos de los problemas fundamentales y meternos al tema electoral sin resolver antes las prioridades y condiciones elementales que el pueblo demanda”, exigió.

La resolución del CSE

En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre del 2021.

La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el CSE argumentó que amplía el plazo debido a que la pandemia del coronavirus “ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales”.

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