Con 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, los diputados opositores de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 –que la disidencia antichavista reivindica como único órgano legítimo del país, y que funciona en condiciones de semiclandestinidad- aprobó este viernes la reforma del llamado Estatuto de Transición a la Democracia. La decisión trae consigo el cese de funciones de Juan Guaidó, y deja sin efecto la existencia y fines de la denominada “presidencia interina”, instancia creada por el Parlamento en funciones en 2019 tras rechazar las elecciones presidenciales que llevaron a la reelección de Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude.
Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, acompañados del Movimiento Progresista de Venezuela, decidieron romper definitivamente con Voluntad Popular, -el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, hasta este momento al timón en la estrategia-, aprobando una reforma en la cual queda establecido “el nuevo marco normativo que rige la transición”.
“Esta reforma otorga a la Asamblea Nacional electa en 2015 las competencias especiales de promover la transición a la democracia y a la protección de los activos del Estado al amparo del artículo 333 de la Constitución Nacional, por lo que se elimina al gobierno Interino, y todos sus órganos, entes y disposiciones, salvo aquellos creados por el presente estatuto que guarden relación con la defensa de la democracia”, reza la exposición de motivos aprobada.
El distanciamiento entre Voluntad Popular y sus antiguos aliados lleva casi dos años de gestación, y en algunos casos se expresa en fuertes rupturas personales. La experiencia del “gobierno Interino” ha deteriorado aún más las relaciones internas de la oposición. El Parlamento opositor de 2015 decide asumir directamente el control de los activos nacionales en poder de la oposición en el exterior, y, de manera tácita, se compromete con el camino electoral, abandonando toda retórica rupturista o desconocedora de la realidad política actual, procurando atender lo que se converse en los intercambios políticos de México. Juan Miguel Matheus, diputado de Primero Justicia, afirmó que con esta decisión la oposición “establece los cimientos de una nueva etapa en la lucha por la democracia que se avecina en el país.”
La presidencia interina de Juan Guaidó, simbólica, pero indudablemente política, lleva tiempo atravesando un duro momento de cuestionamientos luego de un tiempo inicial de aceptación. Abundan las voces que la consideran una entelequia que sólo sirve para financiar una burocracia, una ficción administrativa y un extravagante planteamiento jurídico sobre el cual, además, merodean acusaciones de corrupción.
Su desempeño y utilidad también ha sido defendida por figuras de la academia, del derecho, de la sociedad civil, y estos han aumentado su volumen en las redes sociales estos días en los cuales su destino ya parecía sentenciado. Juan Guaidó ha caído notablemente en las preferencias populares, de acuerdo con las encuestas, pero sigue siendo un líder opositor referencial, y sus cotas de aceptación son de las más relevantes del archipiélago opositor. Son muchas las personas que le reconocen su valentía y su integridad, si bien sobre su esfuerzo pende la palabra fracaso. Parece tomada la decisión de presentarse como candidato a las Primarias. Son muchos los que temen por su seguridad.
En el debate legislativo, transmitido por Zoom, abundaron las reflexiones amargas en torno al pésimo momento político que está ofreciendo la oposición, y se hicieron varios llamados para recomponer la unidad. La bancada de Voluntad Popular, junto a las minoritarias de Causa Radical, Convergencia y la Fracción 16 de Julio, fustigaron la modificación del Estatuto, afirmando que es un grave atentado institucional – “un magnicidio jurídico”, lo llamó Andrés Velásquez-; una decisión en la cual nada queda abonado, que limita los recursos para enfrentar a Maduro, que le regala espacio político y que compromete el futuro de los activos nacionales en el exterior que ésta controla. Una cesión que reconoce de manera implícita, como afirmó Freddy Guevara, de Voluntad Popular, “la legalidad de la dictadura de Maduro”. “Este desastre pudo haber sido evitado”, agregó. “Lo que hará es debilitarnos en México. Aquí se han impuesto los intereses partidistas de algunos, antes que el interés nacional. No hay un solo jurista que avale esta reforma”.
El fin de la presidencia interina cierra todo un ciclo en la prolongada e infructuosa lucha de la oposición política venezolana para trascender la hegemonía chavista en estos 22 años. Recién creada, en 2019, con Guaidó al frente, contó con el entusiasta apoyo en un país movilizado, que sentía inminente el cambio político, y la solidaridad activa de toda la comunidad democrática internacional, planteando todo un jaque político a Nicolás Maduro desde varios frentes. Guaido llegó a tener audiencia en la Casa Blanca para examinar soluciones al problema que había planteado el chavismo, y fue recibido en la Plaza Mayor de Madrid por una fervorosa multitud de la diáspora venezolana.
*EL PAÍS