Nacionales · 03/12/2020

Opositores interponen recurso de inconstitucionalidad contra “Ley Putin”

Un grupo de opositores nicaragüenses se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia orteguista (CSJ), para interponer un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida también como “Ley Putin”.

A través de un comunicado de prensa, los opositores indicaron que con esta ley se pretende “perseguir y penalizar a los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales e iglesias, así como a personas a quienes la dictadura hostiga y persigue por su actuación como opositores, impidiendo la cooperación a las comunidades necesitadas de apoyo para enfrentar la crisis actual”.

Los firmantes son Suyen Barahona, Violeta Granera, Edmundo Jarquín, Ana Margarita Vijil, Silvia Salmerón, Julio Ricardo Hernández, Carlos Maturana y Aura Aragón, quienes al llegar a la Corte Suprema fueron asediados por varios policías orteguistas.

“Esta ley se comenzará a aplicar en el momento en que miles de familias están urgidas de apoyo por los daños sufridos por los huracanes e inundaciones. La ley les impide que haya cooperación externa para auxiliar a esas familias en la reconstrucción de sus casas, en la rehabilitación de sus siembras, reposición de su ganado y aves de corral y de sus pequeños negocios afectados por los desastres naturales”, señalaron.

“Vamos a estar viniendo hasta el 17 de diciembre que se cumple el plazo para presentar recursos por inconstitucionalidad de esta ley, y después vendremos a presentar los recursos por inconstitucionalidad de las otras leyes criminales que el gobierno ilegal de Daniel Ortega quiere imponer para poner un bozal al pueblo nicaragüense, un bozal que no le va a servir”, declaró Ana Margarita Vigil a la plataforma Artículo 66.

Bajo pretexto de defender la independencia y soberanía de Nicaragua e impedir cualquier injerencia extranjera, la ley regula a “personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias (…) en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.

La “Ley Putin” además, les prohíbe a las personas participar en política interna, financiar organizaciones políticas, ser empleados públicos o candidatos en elecciones hasta un año después de dejar de ser “agentes extranjeros”. Quienes no cumplan la normativa se arriesgan con multas, cancelación de la personalidad jurídica, intervención de fondos y bienes y prohibición de actividades, además de penas por delitos “contra la seguridad del estado”.