Organismos defensores de Derecho Humanos, rechazaron este viernes que el régimen de Daniel Ortega a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera ayer los títulos y el ejercicio de la abogacía a 25 nicaragüenses despojados de su nacionalidad en febrero pasado.
La CSJ argumentó que “estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer (…) ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
Al respecto, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) sostuvo que la resolución de la CSJ es “alejada de la legalidad” y “busca legitimar el discurso del supuesto ‘golpe de Estado’, de la dictadura de Ortega.
“Este discurso, sostenido desde los altos cargos del Estado, niega la participación de funcionarios en los crímenes de lesa humanidad y la existencia misma de estos delitos y, pretendiendo actuar legítimamente, dirige su castigo hacia quienes consideran que son responsables o partícipes del supuesto intento de golpe de Estado. Nada de lo que hagan los libera de las responsabilidades y de los hechos suficientemente documentados donde se comprueba la agresión sistemática contra diversos sectores de la población y ahora, contra los abogados”, señaló CALIDH a través de un pronunciamiento.
Para el organismo argentino, fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, “el régimen busca atemorizar a los abogados que están en Nicaragua para ejercer un control férreo sobre ellos, como parte de las dinámicas del terrorismo de Estado”.
“CALIDH se solidariza con las y los abogados afectados y confía que en el futuro transicional estas decisiones serán derogadas sin más”, concluyó.
ABERRACIÓN JURÍDICA
Por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó su repudio a la suspensión e inhabilitación de por vida como abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses a quienes “criminaliza y castiga por haber acompañado a personas presas políticas y sus familiares en su demanda de justicia y libertad”.
El organismo integrado por abogados exiliados en Costa Rica, sostuvo que se trata de “una aberración jurídica, totalmente arbitraria, ilegal e inconstitucional dicta una resolución sin abrir procesos disciplinarios y sin notificación de alguna investigación en su contra”.
“La CSJ dicta remedos de resoluciones, violentando el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, irrespetando las garantías judiciales. Se trata de una condena sin el legal y debido proceso, y en la absoluta indefensión”, anotó en un comunicado.
El Colectivo y su presidente Gonzalo Carrión Maradiaga, “con título de abogado y notario o sin él, ratificamos nuestro firme compromiso de continuar documentando violaciones a derechos humanos perpetradas por la tiranía Ortega Murillo y exigiendo el cese de la represión, así como justicia y libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua”, finalizó el organismo.
LA LISTA DE ABOGADOS AFECTADOS
- Vilma Núñez
- Uriel Pineda
- Sergio Ramírez Mercado
- Mónica López Baltodano
- Eliseo Núñez Morales
- Rafael Solís
- Héctor Mairena
- Gonzalo Carrión
- Manuel Díaz
- Álvaro Leiva
- Marlon Sáenz “El Chino Enoc”
- Noel Vidaurre
- José Pallais
- Edgar Parrales
- Roberto Larios,
- José Talavera Arauz
- Hugo Rodríguez Flores
- Ana Margarita Vijil
- Osman Aguilar García
- Moisés Astorga
- María Oviedo
- Manuel Sobalvarro
- Róger Reyes
- Hader González
- María José Camacho