Dos organismos humanitarios nicaragüenses y una de víctimas expresaron este jueves su satisfacción con una resolución del Parlamento Europeo, en la que pidió sanciones contra el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, por la represión e instó a liberar a los políticos presos.
“El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recibe con profunda satisfacción la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo”, dijo el abogado y defensor de los derechos humanos Juan Carlos Arce, en un audio grabado.
El activista, quien se encuentra exiliado en Costa Rica por amenazas, destacó que la resolución establece “una serie de medidas dirigidas a incrementar la presión sobre el Gobierno nicaragüense, señalados de cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos”.
“Estas sanciones están encaminadas a restablecer el respeto a los derechos humanos, las libertades de los presos políticos, la búsqueda de la justicia y el restablecimiento de la democracia”, indicó Arce, que destacó que la resolución “contó con el apoyo de la abrumadora mayoría de los integrantes del Parlamento Europeo”.
“Eso denota solidaridad con el pueblo nicaragüense, que está viviendo una sistemática y masiva violación de derechos humanos y de aniquilación de sus derechos y garantías”, valoró.
Por su lado, la Organización de Víctimas de Abril (OVA) agradeció al Parlamento Europeo por la resolución “donde condenan rotundamente los crímenes cometidos por la dictadura” en Nicaragua.
“La hora de la libertad, de la verdad y la justicia para las víctimas está cada vez más cerca. Esta victoria es del pueblo nicaragüense. Se van”, agregó.
En tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) destacó que la resolución hizo ver la persecución del régimen de Ortega contra las organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua.
La Eurocámara, “en su recién aprobada resolución, señala como cuenta pendiente la falta del restablecimiento de la personalidad jurídica a organizaciones, entre ellas el Cenidh”, subrayó.
En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas y a petición de Ortega, canceló la personalidad jurídica a nueve ONG, en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de ese año y que ha dejado cientos de muertos y detenidos, y decenas de miles en el exilio.
En su resolución, el Parlamento Europeo expresó su solidaridad con la población de Nicaragua y condenó “firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses” contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas o defensores de los derechos humanos y la sociedad civil.
También instó al Consejo de la UE y a los Estados miembros a “ampliar rápidamente” la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, “incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados, velando especialmente porque no resulte perjudicado el pueblo nicaragüense”.
El pleno pidió además hoy la “inmediata e incondicional” liberación de “todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria”, incluidos los aspirantes a la presidencia de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, entre otros dirigentes políticos.