Las organizaciones sociales Urnas Abiertas y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más tildaron este miércoles como “persecución judicial” el arresto de varios dirigentes políticos y sociales opositores nicaragüenses, investigados por supuesta “traición a la patria” o “lavado de dinero”.
Las acusaciones e investigaciones contra el grupo de opositores, en su mayoría líderes de la disidencia, son “prueba de la persecución judicial” que ha sido utilizada como estrategia “represiva” con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, utilizando el Poder Judicial con fines extrajudiciales “a favor de los intereses” del régimen de Daniel Ortega, señaló Urnas Abiertas.
La más reciente acusación fue emitida el martes por la Fiscalía Orteguista contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, por los supuestos delitos de “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva”.
Chamorro es investigado dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirige su hermana Cristiana, arrestada en junio pasado luego de mostrar su interés en ser candidata a la presidencia.
El Colectivo también condenó la decisión estatal de ordenar arrestos de 90 días a los opositores, quienes sufren aislamiento “equivalente a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin comunicación con sus familiares y su defensa, en consecuencia, se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos”.
Urnas Abiertas relacionó las acciones judiciales con las elecciones del 7 de noviembre próximo, apuntando que estas han provocado “la erosión de las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado”.
Por ello, calificó de “urgente que la comunidad internacional avance hacia el desconocimiento de las elecciones 2021 y el señalamiento de que el Gobierno de Nicaragua no cuenta con legitimidad de origen”.
*Con EFE