Al menos 34 organizaciones nicaragüenses que forman parte del Colectivo 46/2, hicieron este jueves un llamado global ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a “reforzar y renovar por dos años su resolución sobre Nicaragua” ante la “continuidad de la represión y crisis sociopolítica y de derechos humanos” en el país por parte del régimen de Daniel Ortega.
“Lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos)”, dijo el abogado Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas”, añadió Arce.
El llamado fue realizado en el Marco de Evaluación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua.
El abogado nicaragüense expuso “la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos” a manos del régimen de Daniel Ortega, pues indicó con más de 150.000 nicaragüenses en el exilio, los nicaragüenses son la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos según el ACNUR.
También señaló que las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el partido FSLN sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, según la OACNUDH.
“Los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales”, subrayaron las organizaciones.
Denunciaron la cancelación de la personería jurídica de más de 2500 organizaciones de la sociedad civil, y la detención arbitraria de al menos 235 personas por razones políticas, en condiciones inhumanas.