Al menos 23 organizaciones de la oposición nicaragüense criticaron este lunes que instituciones financieras internacionales estén otorgando préstamos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para la supuesta lucha contra la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, pese al mal manejo de la enfermedad por parte del régimen y, sin que estos exijan rendición de cuentas.
Las organizaciones expresaron su “profunda sorpresa y decepción por la aprobación de parte del Banco Mundial de un financiamiento adicional de respuesta al COVID-19”, por un monto de 116 millones de dólares.
Las organizaciones detallan que la aprobación de este nuevo préstamo no consideró “la opacidad, el secretismo y el perverso manejo de la pandemia por parte de este régimen ilegítimo, lo que ocasionó un saldo aproximado de 15,000 muertes, de las cuales más de 200 fueron decesos de profesionales de la salud, que pudieron haber sido disminuidas sensiblemente si se hubiesen atendido las medidas dictadas por la OMS”.
Recordaron que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el 2020 viene señalando públicamente el “mal manejo” que se ha hecho en Nicaragua de la pandemia, “circunstancias que el Banco Mundial no ha considerado al momento de otorgar este préstamo”.
Señalaron que al 2021, instituciones financieras como el BID, Banco Mundial, FMI, “han financiado al régimen ilegítimo hasta por US$185 millones para el COVID-19, sin que ello haya modificado las malas prácticas que continúa impulsando en el manejo de la pandemia”.
“El régimen de Ortega ejecutó a penas el 79.8% del presupuesto asignado a la atención al COVID19 hasta finales del 2021, según datos del Ministerio de Hacienda, subejecución que dejó a la población desprotegida ante la escasez de vacunas y el impacto de la segunda ola de la pandemia. Aún conociendo la grave situación de Derechos Humanos en el país, las torturas contra los más de 180 presos políticos en las cárceles y la persecución a sus familiares, las instituciones financieras prefieren hacer caso omiso para continuar financiando a un régimen ilegítimo”, dijeron en un comunicado.
MANEJO DISCRECIONAL DE LOS FONDOS
Los firmantes destacaron que las instituciones financieras han permitido un “manejo discrecional de los fondos para compra de vacunas, que terminaron en proveedores rusos, chinos o cubanos, ninguno de ellas aprobadas por la OMS, a precios o en condiciones menos favorables de lo que ofrecían otros proveedores certificados”.
Las organizaciones mencionaron que Miguel López, exsecretario general del Ministerio de Salud (Minsa), al respecto opinó: “la población nicaragüense ha estado expuesta a un holocausto sanitario por parte del régimen ante el incumplimiento de sus deberes constitucionales y de lo que establecen los instrumentos internacionales; en este sentido, no solamente ha abandonado al pueblo en la fase inicial de la pandemia sino también a los mismos profesionales de la salud al haberles negado la posibilidad de contar con el equipo básico de protección. Es importante agregar que la falta de atención del MINSA a la población no ha sido por falta de recursos, al contrario, existe una subejecución de estos fondos, por lo tanto, no tiene sentido que el Banco Mundial le otorgue un préstamo a un régimen sancionado por varios países europeos, Canadá y el gobierno de los Estados Unidos de América contraviniendo, de parte de este último, lo estipulado en su política exterior de no financiar regímenes vinculados al crimen organizado y violador de los derechos humanos”.
Las organizaciones demandaron públicamente a las instituciones internacionales “un estricto apego a sus propias políticas y directrices fiduciarias”.
Además demandaron tomar en cuenta “la evaluación y seguimiento de todo tipo de financiamiento debe darse bajo estrictas normas de transparencia pública y anticorrupción, sobre todo, tratándose de préstamos que deben ser pagados por el pueblo nicaragüense”
Agregan que “la administración de parte de los recursos de estos préstamos por parte de OPS y UNOPS, no es garantía de cumplimiento del punto anterior, ya que las decisiones operativas recaen en el MINSA”, y que las instituciones financieras “deberían disponer mecanismos independientes de auditoría continua de la ejecución de los proyectos que se financien en Nicaragua, para una efectiva rendición de cuentas”.