Al menos siete organizaciones opositoras nicaragüenses, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), pidieron este miércoles 7 de junio al gobierno de Estados Unidos “aplicar plenamente” la Ley de ‘Reforzamiento para el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua’, conocido como ‘Ley Renacer’.
“Estados Unidos aprobó el 10 de noviembre de 2021 la Ley RENACER, Ley Pública bipartidista No: 117-54, esta Ley establece medidas para supervisar, informar y abordar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. El cumplimiento de la Ley sería suficiente para forzar la salida de la dictadura en Nicaragua, pero hoy RENACER está inactiva, necesita una transfusión que le devuelva la fuerza muscular que se pretendía que tuviera”, señalaron las organizaciones en una declaración.
Para las organizaciones la comunidad internacional debe tomar “medidas decisivas” respecto a la situación en Nicaragua “ya que la dictadura Ortega – Murillo sólo responde a la presión decisiva, se necesitan acciones coherentes y enérgicas de parte de la comunidad internacional”.
La Ley Renacer fue promulgada por el presidente Joe Biden en noviembre de 2021 para presionar al dictador Daniel Ortega. Dicha Ley urge al Gobierno de Estados Unidos examinar la participación de Nicaragua en el Cafta y, además, pide aumentar sanciones contra funcionarios del régimen de Ortega.
El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia el país, y a ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
Las organizaciones opositoras mencionaron algunas acciones que pueden ser tomadas dentro del marco de la Ley Renacer:
- Deben identificarse los activos del régimen ilegítimo en Estados Unidos, esto no sólo debe incluir a los miembros de la familia Ortega-Murillo, sino también a otros altos cargos del gobierno y de las fuerzas armadas; sus activos deben ser congelados.
- Estados Unidos debe alentar acciones similares por parte de sus aliados en todo el mundo, particularmente en Europa, Canadá y América Latina.
- Las sanciones selectivas deben dirigirse a empresas y sociedades – incluidos sus propietarios y directivos – vinculadas al régimen que se benefician de las exportaciones a Estados Unidos.
- Las sanciones selectivas deben continuar para el Ejército nicaragüense y, sus inversiones financieras deben ser investigadas.
- Se debe elaborar un informe público sobre los fondos recibidos por el régimen de parte de las Instituciones Financieras Internacionales, indicando qué países votan a favor de la entrega de estos fondos y, el estatus de los fondos que han sido aprobados, que se hagan preguntas como: ¿ha cumplido el régimen con los acuerdos de préstamo?, ¿hay auditorías?, ¿se están beneficiando de estos préstamos firmas y empresas vinculadas al régimen?
- Debería elaborarse un informe similar sobre las relaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con Nicaragua, incluyendo el papel de sus miembros, Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, España, Corea del Sur y Taiwán.
- Así mismo, debería redactarse un informe sobre el papel de las agencias de Naciones Unidas que manejan los fondos de las IFIs para el régimen ilegítimo de Ortega y Murillo.
“Recomendamos encarecidamente que se aplique plenamente la Ley Renacer, también sugerimos que se realice una audiencia conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre el estado de la implementación de esta Ley”, concluyeron.