Al menos 11 organizaciones opositoras de Nicaragua y el exilio, demandaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que “convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la situación de Nicaragua, en la que se persiga la declaración de ilegitimidad y se invoque el principio de Proteger (R2P) por parte de sus Estados miembros, a la dictadura Ortega – Murillo por ser responsable de crímenes de lesa humanidad”.
“Hacemos un llamado a que la OEA reafirme su liderazgo en la defensa de los valores democráticos ante todos sus Estados miembros y, fortalezca su papel en la demanda del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. De lo contrario, se estaría estableciendo una amenaza sin precedente a las democracias de la región”, apuntaron las organizaciones a través de un comunicado.
También, solicitaron que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pueda llevar a cabo una investigación adicional para determinar el nivel de participación del Ejército de Nicaragua en la represión a las protestas del 2018.
RECHAZAN CANCELACIÓN DEL COSEP
Las organizaciones rechazaron también la cancelación arbitraria y confiscación de bienes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), sus 18 de cámaras socias y de la Asociación Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC).
Las organizaciones opositoras dijeron que “estas cancelaciones muestran una vez más que en Nicaragua los derechos políticos, civiles y económicos no tienen valía y que cualquier ciudadano, opositor o no, puede ser víctima de las decisiones arbitrarias de la dictadura”.
El régimen Ortega – Murillo a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB), canceló el lunes 6 de marzo la personería jurídica del COSEP y de todas sus cámaras agremiadas por supuestos “incumplimientos a las leyes que lo regulan”.
El acuerdo ministerial señala que las organizaciones gremiales “no completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información”.
“Agradecemos a los sectores empresariales que han alzado su voz en contra de este atropello e invitamos a las cámaras empresariales a nivel regional a sumarse a las acciones condenatorias que ya se llevan a cabo a nivel internacional y, hacer uso de las instituciones correspondientes para demandar la restitución de la libertad de asociación en Nicaragua”, concluyeron.