Más de 60 organizaciones opositoras entre ellas las que conforman la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana suscribieron hoy un pronunciamiento conjunto de rechazo contra la reforma electoral del dictador Daniel Ortega y para exigir una reforma electoral que permita que Nicaragua tenga elecciones libres, justas, transparentes y observadas el próximo 7 de noviembre.
“Las organizaciones firmantes hemos demandado sistemáticamente al régimen de Daniel Ortega la aplicación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, en concordancia con el acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito por el gobierno de Nicaragua el 29 de marzo de 2019 por el gobierno y la inmediata liberación de todos los presos políticos”, reza el documento.
Las organizaciones señalaron que “es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas, como primer paso para reconstruir el sistema democrático e instaurar un Estado de Derecho que garantice libertad, paz y prosperidad a todos los nicaragüenses”.
“Hoy, ante este nuevo intento de seguir impidiendo que los nicaragüenses ejerzamos libremente nuestro derecho a elegir mediante el voto, las organizaciones firmantes UNIMOS NUESTRAS VOCES para RECHAZAR categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y EXIGIR la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en su Resolución del 21 de octubre de 2020”, demandaron.
Los firmantes indican que el proceso iniciado recientemente en la Asamblea Nacional para la elección de Magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE)y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes 12 de abril por la bancada del FSLN, “no contribuyen en forma alguna al logro de ese objetivo, que demandamos la mayoría de los nicaragüenses con el respaldo de la comunidad internacional”.
Por lo cual, exigen un proceso electoral “libre, justo y transparente” que garantice el voto popular supone la elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral, capaz de devolver la credibilidad y transparencia al sistema electoral.
Las organizaciones instaron a los diputados de la Asamblea Nacional que asuman “con sentido de Nación” su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales “idóneos y probos que respeten la voluntad ciudadana y contribuyan dignamente a una salida cívica y pacífica a la crisis nacional”
Subrayaron que la propuesta de reforma electoral orteguista contiene “múltiples aspectos lesivos” como “nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante, no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos”.