Ortega cede, entregará medios confiscados y liberará presos políticos

Fuentes de todo crédito revelaron a La Mesa Redonda que la dictadura de Daniel Ortega ha girado órdenes a la Policía Orteguista para que regrese a sus legítimos dueños las instalaciones del canal 100% Noticias y Confidencial, medios de comunicación confiscados ilegalmente desde diciembre de 2018.

A los periodistas Miguel Mora, propietario de 100% Noticias y Carlos Fernando Chamorro, dueño de Confidencial, se les estaría devolviendo sus medios de comunicación en los próximos días, la orden ya salió de El Carmen y se suma a la liberación de la materia prima e insumos del diario La Prensa.

Canal 100% Noticias confiscado por el régimen orteguista / Foto cortesía

La Mesa Redonda conoce que, en el caso de 100% Noticias, se hará la devolución del edificio ubicado en la loma de Tiscapa, el que fue asaltado el 21 de diciembre de 2018. No así de su frecuencia en el canal 15, y que actualmente usa el régimen para su propaganda política.

Se desconoce hasta el momento, si Ortega también ordenará que se descongelen las cuentas bancarias del canal y de Miguel Mora, las que fueron bloqueadas en la misma fecha, y por el cual sus más de 30 trabajadores quedaron sin sus respectivas prestaciones, y que hasta la fecha esperan una indemnización por parte de la dictadura Ortega-Murillo.

En un audio a través de WhasApp, Mora aseguró que no ha recibido notificación oficial sobre la devolución de su canal. «Ha habido muchos rumores y especies de filtración de ciudadanos que trabajan dentro de la estructura de la dictadura, afirmando que están pensando regresar los medios confiscados, pero hasta el momento de manera oficial no hemos recibido ninguna notificación», dijo.

En el caso de Confidencial, el dictador devolverá el edificio donde estaba la sala de redacción y donde se producían los programas Esta Noche y Esta Semana, y donde también funcionaban otras empresas propiedad de la esposa de Chamorro.

Edificio de Confidencial tomado por la Policía Orteguista / Foto cortesía

La Mesa Redonda, supo que la devolución de Confidencial allanada el 14 de diciembre de 2018, no significa que los programas del periodista vayan al aire en la televisión nacional, puesto que el espacio que tenía en el canal 12 no está abierto por órdenes del director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.

Durante los últimos días de enero del año pasado, cuando la Policía Orteguista asediaba el canal 12, Castillo visitó este medio de comunicación televisivo y «persuadió» a sus propietarios la familia Valle Peters para que dejaran de transmitir programas de contexto político y crítico del régimen orteguista, por lo que los programas de Carlos Fernando no tienen espacio en este canal.

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LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS

Además, está previsto que los presos políticos secuestrados por el régimen orteguista sean liberados, posiblemente bajo el régimen de «convivencia familiar». Según nuestras fuentes, la orden ya fue dada por Ortega el 5 de febrero, y se espera que los más 65 reos y reas detenidas por motivos políticos salgan próximamente, y como fecha tope está el 15 de febrero.

ORTEGA Y EL DIÁLOGO 3.O.

Con la devolución de los medios confiscados y liberación de los presos políticos, Ortega quiere dar muestras a la comunidad internacional de querer un «diálogo constructivo». Sin embargo, el dictador no estaría más que cediendo a la presión que ha puesto la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), y otros organismos defensores de Derechos Humanos.

Ortega pretende dar esas muestras que la UE le demandó el pasado 19 de diciembre cuando aprobó una resolución sobre Nicaragua, la cual exige sanciones individuales a los altos cargos responsables de la represión, retorno a las negociaciones, el saneamiento del Consejo Supremo Electoral y, además, contempla la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

A esto se le suma que la OEA, trabaja en una propuesta de resolución que convocaría a los cancilleres de América para que aborden el quebrantamiento democrático en Nicaragua y a la vez el tema del país volvería a debate en el Consejo Permanente de la OEA, antes de que termine el primer trimestre del año.

Por otro lado, Daniel Ortega querría aprovechar este lapso de tiempo en el que la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), partidos políticos y demás sectores están cerrando filas en la Coalición Nacional.

El régimen de Ortega, según nuestras fuentes estaría convocando una tercera negociación, lo que en los círculos del orteguismo se conoce como «Diálogo 3.0.», que no sería más que una nueva mesa de discusión pero su contraparte serían los viejos actores — que ahora surgen como nuevos– del Bloque de Centro Derecha Democrático y el movimiento Arriba Nicaragua.

De hecho, este viernes el Bloque de Centro Derecha Democrático publicó un comunicado sobre las reformas electorales, señalando que no es posible pensar en éstas sin la presencia de la OEA y sin que previo sean liberados todos los presos políticos «aún secuestrados por la dictadura», y el restablecimiento de todas las libertades y garantías públicas e individuales. Dejándose ver como «opositores» a Ortega.

Rosario Murillo y Daniel Ortega en la instalación de la mesa del primer diálogo / Foto La Prensa

Este «Diálogo 3.0.» ocurriría a finales de febrero y principios de marzo, en el que la Alianza Cívica como oposición se vería disminuida.

Asimismo, dentro del partido FSLN existe un desquebrajamiento interno, evidenciado por el enfrentamiento de la Juventud Sandinista y los militantes históricos, quienes se sienten utilizados por el régimen orteguista. A cambio de su participación en la llamada «operación limpieza» que consistió en levantar tranques y asesinar a manifestantes, la dictadura les prometió terrenos, casas, entre otros «beneficios» que hasta la fecha no existen.

Hoy, la Coalición Nacional publicó un comunicado exigiendo a Ortega que incluya en el proceso de reforma a la Ley Electoral la presencia de la OEA, de la UE, del Centro Cárter, y de Ética y Transparencia para garantizar la «calidad y legitimidad» del proceso. Sin embargo, el dictador no lo consideraría. En el caso de la OEA, no confía en este organismo y ve a Luis Almagro, secretario general, como un «traidor», por la posición que tuvo con lo ocurrido en Bolivia, donde se concluyó que hubo «manipulación y parcialidad» en los comicios del 20 de octubre, y que desencadenó la renuncia de Evo Morales.

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