Ortega en guerra abierta contra la libertad de pensamiento

Desde las protestas de abril de 2018 la dictadura Ortega-Murillo, en ocupación del estado de Nicaragua, ha establecido una cacería abierta y total en contra de la libertad de pensamiento, ha limitado las funciones de profesionales de la educación, el derecho y la salud, ha encarcelado sacerdotes, reprimido a periodistas y ha creado todas las condiciones para que la “libertad de pensamiento” desaparezca del país. Una realidad que demuestra que la estrategia política del FSLN desde que reasumió el poder ha tenido como propósito el férreo control de los medios de comunicación para imponer su narrativa política y desplegar su poder absoluto, es decir una guerra abierta y total en contra de la libertad de pensamiento, una guerra que una vez desató en la década de los años 80.

Redacción: Alianza de medios 4MI @GaleríaNews  @ LaMesaRedonda @República18 @BoletínEcológico

Desde abril de 2018, el régimen sandinista ha establecido un sistema de persecución jurídico militar en contra de las voces críticas de los y las profesionales nicaragüenses, para muchas personas sobre todo las más jóvenes esta es una estrategia política nunca antes vista, sin embargo, para el FSLN es una receta ya probada, la iglesia católica y sus sacerdotes tienen mucha historia que contar al respecto.

Durante el primer período sandinista (1979 – 1990), el Cardenal Miguel Obando y Bravo entonces arzobispo de Managua fue una de las voces más críticas de la iglesia católica nicaragüense, destacándose por su denuncia sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno militar liderado por Daniel Ortega. 

El arzobispo ya era conocido por denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura somocista y no se quedó callado ante los abusos cometidos por Ortega y sus comandantes, denuncia por las que el gobierno del FSLN tomó represalias y apuntó hacía la persecución de destacados sacerdotes. 

En agosto de 1982, agentes encubiertos del régimen militar sandinista montaron una celada a Monseñor Bismarc Carballo, cercano del Cardenal Obando, para mostrarlo en enredos sexuales con una mujer, que luego se demostró era agente de la seguridad implicada en la celada. 

Monseñor fue mostrado por el aparato de propaganda del régimen completamente desnudo, las fotografías y la falsa historia fue repetida mil veces por los medios de comunicación controlados por la dictadura. Esta mentira fue “desmontada” en febrero de 1986, cuando la Secretaría de Estado de Estados Unidos publicó el testimonio del ex teniente sandinista Alvaro Baldizón Aviléz, un disidente sandinista que declaró que el escándalo de Monseñor Carballo había sido un montaje del régimen FSLN. 

Las agresiones se dieron en los años siguientes sobre todo hacía una iglesia católica que mantenía una postura firme ante la denuncia a violaciones a derechos humanos, no era la única, las iglesias cristianas evangélicas también fueron perseguidas, por no apoyar lo que para el FSLN era el sueño revolucionario, los salones del reino de los Testigos de Jehová fueron confiscados y ante la persecución estos se vieron forzados a suspender su obras de predicación luego del arresto de varios de sus líderes o “ancianos”.

En cualquier país pensar, opinar y disentir es una acción humana normal y promovida, pero estamos hablando de Nicaragua, donde cualquiera de estas acciones puede ser considerada de alto riesgo porque, quien se atreva a ejercerlas puede contradecir y desmantelar el poder del régimen de Daniel Ortega, entonces este apuntala su mecanismo de represión  para hacer que las voces críticas sufran cárcel, exilio o hasta la muerte.

Luego del inicio de las protestas de 2018, la iglesia católica retomó un papel beligerante en la denuncia de las violaciones a derechos humanos cometidos nuevamente por el régimen sandinista el precio volvió a ser el mismo para muchos líderes religiosos, persecución para unos  y cárcel o exilio para otros, sobre todo los más críticos a Daniel Ortega.

“¡Adiós Nicaragua mía! Me duele respirar en el país fachada”, escribió el sacerdote Uriel Vallejos, en agosto de 2022, una vez que estuvo a salvo en territorio costarricense. Él permaneció asediado por la Policía durante tres días a inicios de agosto en la iglesia Divina Misericordia, en el municipio de Sébaco. 

Vallejos burló la custodia policial que le impusieron y pudo llegar a Costa Rica para resguardar su vida. Al igual que él, son varios religiosos católicos los que se han visto obligados a partir al exilio, después de que Daniel Ortega emprendiera acciones contra la Iglesia.

La arremetida contra la Iglesia Católica se profundizó en 2018, cuando los templos dieron refugio a manifestantes heridos de las protestas. La represión a los religiosos provocó la detención y luego expatriación de al menos 10 sacerdotes, y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, acusado de traición a la patria, según indicó la Policía en un comunicado.

La socióloga Zoilamérica Narváez considera que, en la historia reciente, Nicaragua ha tenido dos generaciones de profesionales valiosos, voces críticas que se han visto obligadas a partir al exilio: la que salió de Nicaragua por la guerra civil en los años ochenta y las múltiples violaciones a derechos humanos y la que huye ahora (2018 – 2023) por la represión de Ortega.

En esta nueva época con Ortega al igual que en la década de los años 80, “el sistema solo reconoce la labor profesional de aquellos adeptos a los grupos políticos. Para tener la plaza de médico, por ejemplo, tenés que demostrar tu afinidad. Hay una gran cantidad de personas despedidas por no estar de acuerdo y no compartir contenidos doctrinarios” en las escuelas, ejemplifica Narváez.

Son cinco las profesiones que más han sido perseguidas por Ortega a lo largo de su historia política, militares, religiosos y profesionales de la educación, la salud y el periodismo, el ejemplo más reciente es lo que pasó con periodistas, sacerdotes, docentes, las y los médicos luego de las protestas del 2018.

Narváez comenta que son el claro ejemplo de que “si no tenés una identificación partidaria, podes sufrir las consecuencias y empezar a ser reprimido”.Pero cuáles son las líneas sensibles que han hecho que en la historia de los gobiernos sandinistas se persiga al pensamiento crítico que obstaculice el control absoluto del Estado.

Control del pensamiento igual a poder absoluto

Para el periodista Sergio Marín Cornavaca “el régimen lo que quiere es la uniformidad de la sociedad, son molestas las fuentes de opinión entonces las eliminan, sino pueden con halagos o prebendas pasan a un estadio superior que es el destierro, robo o amenaza, pasan al asesinato mediático o físico” señala el periodista en exilio por ser una voz crítica del régimen desde el programa La Mesa Redonda, hoy es uno de los 160 periodistas forzados al exilio pero no es la primera vez para en la historia política del sandinismo.

Marín y Elena una periodista bajo anonimato recuerdan que en la década de los años 80 el gobierno militar de Daniel Ortega, ejercido en medio de una guerra civil, ostentó todos los poderes y se fue contra los periodistas críticos por denunciar las violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el partido en el poder, el problema de la década de los 80 es que muchos de los intelectuales entiéndase escritores, literatos en general, pintores, historiadores gente destacada de las diferentes ramas del saber estuvieron a favor de un proyecto revolucionario que trataba de entregarle a la sociedad algo nuevo, en ese deseo muchos comprometieron su fuero personal y su pensamiento y fueron acríticos eso permitió que se invisibilizaran muchas de las violencias estatales instaurando un único discurso, pero aún así se mantenía un control del pensamiento dentro del país, las universidades públicas fueron uno de los mejores ejemplos de esta realidad, convirtiéndose en espacios de control intelectual.

Las dictaduras y los regímenes autoritarios temen a las personas que tienen la capacidad de reflexionar y de analizar desde diferentes corrientes de pensamiento la realidad nacional, en el casos de todos los regímenes lo primero que buscan es a los docentes universitarios y a las personas que tienen la capacidad de sentar una posición que genera un elemento de reflexión y de opinión pública “es el caso concreto de los periodistas que vivimos analizando la realidad y sirviendo estas múltiples realidades” explica Marín.

Pero no son lo únicos, al menos 150 docentes han sido despedidos de los colegios públicos del país, según el maestro Gabriel Putoy, miembro de la Unidad Sindical Magisterial (USM).

Putoy actualmente forma parte de los 173 docentes exiliados que registra la USM. La mayoría de los maestros exiliados, fueron despedidos en 2018 por apoyar las protestas contra Daniel Ortega y no someterse a las directrices políticas del Ministerio de Educación (MINED).

“En Nicaragua, a los profesores se les presiona para que se sometan a los intereses del régimen de Daniel Ortega”, señala el profesor Putoy y critica el silencio de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), la cual no se ha pronunciado en favor de los maestros despedidos, y en su lugar, continúa sumisa al partido rojinegro.

Ser maestro en Nicaragua es una profesión de alto riesgo, al igual que los abogados, periodistas, sacerdotes y médicos. Ninguna de ellas puede ejercerse con total libertad mientras Daniel Ortega siga en el poder.

El control de universidades y colegios públicos ha sido parte de esta estrategia de control desde el regreso de Daniel Ortega al poder, en los últimos cuatro años 13 universidades han sido forzadas al cierre por negarse a entregar su autonomía, las universidades y colegios públicos están bajo el control del régimen sandinista al igual que lo estuvieron en la década de los años 80.

No son las únicas instituciones de atención directa a la ciudadanía que representan un gran interés para el régimen, los hospitales se vuelven cruciales, pues los profesionales de la salud mantienen un contacto directo con la población, por ello, se han convertido también en blanco de la persecución.

Con sus batas y estetoscopios al cuello, muchos profesionales de la salud se sumaron a los miles de nicaragüenses que se tomaron las calles para protestar en contra del gobierno de Daniel Ortega en 2018, sobre todo después de que la exministra de salud y actual asesora presidencial, Sonia Castro, prohibiera la atención médica en hospitales públicos a todo el que llegara herido producto de la represión.

Esta acción le costó sus puestos de trabajo a varios médicos, así como a personal de enfermería que se opuso a la directriz de Castro.

El doctor Romel Meléndez fue uno de los que prefirió acatar su juramento hipocrático, en lugar de las directrices de Castro. Salió de Nicaragua hace tres años, pero en su interior abraza con fuerza el deseo de retornar con los suyos a La Concepción, Masaya.

Llegó a Costa Rica el dos de agosto de 2018 tras escapar de la “Operación Limpieza”, que fue una cruzada emprendida por la Policía y paramilitares para levantar a sangre y fuego los tranques que mantenían los ciudadanos opositores en todo el país.

“Muchos médicos tuvimos que exiliarnos en diferentes países. Para el 2018 habíamos más de 32 médicos desterrados y más de 50 estudiantes de medicina y carreras afines como enfermería y trabajadores de la salud”, comenta el doctor Meléndez.

En su municipio, Meléndez también participaba en manifestaciones opositoras y en una de tantas, recuerda que los grupos de choque del Frente Sandinista atacaron una marcha y dejaron a unas 32 personas heridas. Él atendió a la mayoría en su clínica privada.

La población levantó barricadas y tranques alrededor de la ciudad, y como siempre había heridos por los ataques de las fuerzas represivas, Meléndez, junto a otros cuatro médicos y siete enfermeras, levantaron un puesto de salud y empezaron a atender a los heridos.

Cuando los paramilitares finalmente arrasaron con los tranques de La Concepción, Meléndez decidió refugiarse en Managua en donde estuvo en una casa de seguridad, y luego partió al exilio hacia Costa Rica.

“El jefe de la policía junto con paramilitares catearon la casa de mi madre, también la casa de mis hijos y mi clínica en busca de supuestas armas y al no encontrarnos se robaron todo lo que pudieron”, cuenta el médico.

Meléndez es especialista en farmacología clínica y salud sexual reproductiva, pero en Costa Rica se le ha limitado su potencial negándole su ingreso al colegio médico de ese país. 

“No quieren que ejerzamos en su país, a pesar de que hay un convenio entre Centroamérica y fue ratificado por Costa Rica, en el que se aclara que a los refugiados o apátridas se les reconocerá el título y se les brindará licencia para ejercer su profesión”, lamenta.

Al igual que Meléndez, hay cientos de casos de médicos que tuvieron que partir al exilio para resguardar su libertad e integridad física. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 400 profesionales de la salud fueron despedidos de hospitales públicos por no seguir las instrucciones de Castro.

Para Marín, se les persigue porque sentaron posiciones firmes en defensa de la población “Son perseguidos, primero cuestionados desde el punto de vista éticos, después son cuestionados o confrontados con una masa de aduladores del régimen dictatorial para atacar frontalmente o desde abajo para atacar con injurias, no atacan al pensamiento atacan a la persona, la desacreditan con el propósito de desvirtuarlos” señala para explicar la estrategia de persecución de los y las profesionales.

A estos sectores se suman los defensores públicos, al menos 20 han sido encarcelados en los últimos 4 años, Martha, una abogada bajo anonimato recuerda cuando un grupo de abogados se citó en el restaurante Trilogía, en Managua. Un evento organizado por Mundo Jurídico Nicaragüense, y varios abogados y notarios públicos se reunían para firmar una propuesta de pagos honorarios mínimos. Era 29 de septiembre, día en que se celebra el día del abogado en Nicaragua.

Esta es una escena para ejemplificar lo que viven los abogados en Nicaragua. Hasta una reunión informal puede ser prohibida por la Policía. Pero eso no es lo peor, en  las cárceles de Nicaragua, estuvieron casi dos años, al menos seis abogados solo por criticar al régimen de Daniel Ortega.

Los abogados que estuvieron en prisión son Roger Reyes, José Pallais, María Oviedo, Ana Margarita Vijil, y Hader Gonzáles, aún está en celdas Manuel Urbina Lara. Los primeros cuatro fueron acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

La abogada Yonarqui Martínez también menciona que los abogados sufren todo tipo de represalias por ejercer su profesión. “Hay profesionales del derecho suspendidos, detenidos de manera ilegal por defender derechos, exiliados, desterrados, amenazados, y con faltas de oportunidades laborales”, comenta Martínez.

De igual manera, el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas también exiliado, señala que “ser abogado en Nicaragua es peligroso. El abuso contra los abogados ya existía, pero se magnificó a partir de abril de 2018 cuando al ciudadano se le priva de su defensa y el abogado que defiende el derecho de su cliente con energías es visto por el Estado como un enemigo”.

¡Si no hay control hay víctimas!

En Nicaragua ya no hay periódicos, y los medios de comunicación radiales y televisivos que alguna vez criticaron a Daniel Ortega, hoy han optado por la autocensura para subsistir en medio de la represión estatal.

Son 51 medios de comunicación y 16 espacios informativos los que han sido cerrados en Nicaragua desde que Daniel Ortega retornó al poder en 2007, la mayoría a partir abril de 2018, cuando estalló la crisis política en el país, según un informe divulgado en septiembre por las organizaciones Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal, e International Senior Lawyers Project.

PCIN registra que en este momento hay al menos 200 periodistas que tuvieron que partir al exilio para resguardar su vida e integridad física. Además, un cronista deportivo formó parte de la lista de presos políticos. Se trata de Miguel Mendoza, quien fue encarcelado por sus opiniones en redes sociales contra la represión y fue desterrado y desnacionalizado junto con 221 personas más el 9 de febrero 2023

Nicaragua ocupa el puesto 160 de 180 en el índice de libertad de prensa de este año. Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Nicaragua y Venezuela son los dos países con mayor índice de censura en todo el continente americano.

La mayor parte de los periodistas nicaragüenses exiliados han recreado sus salas de redacción en Costa Rica, aunque parece que en este país ya no son bienvenidos. En agosto, el presidente del país, Rodrigo Chaves Robles, quien asumió el cargo en mayo, describió a los medios costarricenses como “ratas” y “prensa canalla”.

Esos epítetos hicieron que muchos periodistas exiliados recordaran las descalificaciones de la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo quien ha llamado “chachalacos”, “golpistas” y “terroristas” a los comunicadores.

No es la primera vez, Marín y Elena recuerdan que durante la década de los años 80, el diario La Prensa fue víctima de persecución y sus periodistas también eran perseguidos y amenazados, pero la denuncia no era tan fuerte como ahora, uno de los casos más emblemáticos fue el de periodista y escritor Pablo Antonio Cuadra, fue perseguido y difamado por oponerse a ser parte de la prensa oficialista y en esa estrategia otros periodistas se sumaron hasta el momento en que reconocieron que fueron parte de una vorágine destructora y echaron pie atrás, para unos los que se alejaron de manera temprana del FSLN pagaron consecuencias terribles, el escarnio y la falta de empleo, para otros que no se desligaron tempranamente, desde el punto de vista histórico están pagando un costo altísimo por esa complicidad.

La dictadura Ortega-Murillo ha establecido un sistema de control absoluto donde son muy pocas las opciones para quienes ejercen la opinión, el pensamiento crítico: la sumisión o el exilio, el silencio o la muerte.