El jurista José Pallais, dijo este martes que las sanciones que el Departamento del Tesoro aplicó a la Policía Orteguista el pasado 5 de marzo, también son extensivas al dictador Daniel Ortega, por haberse autodeclarado en 2014 como “Jefe Supremo” de dicha institución.
“Políticamente y moralmente el Jefe Supremo de la Policía Nacional está sancionado”, aseguró Pallais.
Las sanciones de Estados Unidos se aplican a la Policía por “ser responsable o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
El texto del Tesoro agrega que la Policía “es responsable del uso de municiones letales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.
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Pallais explicó que Ortega “modificó las leyes que regulan la Policía Nacional, modificó la Constitución. Ortega elimina lo que se llama el breaker, el seguro que es lo que estalla cuando hay un problema un cortocircuito y aquí eso era el Ministro de Gobernación, al Ortega eliminarlo directamente se le pasó a incendiar su propia casa porque asumió la dirección, la jefatura suprema. Él (Ortega) es sancionado como parte de esta institución que él desnaturalizó, que él pervirtió, tiene un efecto directo sobre Daniel Ortega como jefe supremo de las fuerzas policiales”.
El jurista señaló que las sanciones a la Policía tienen efectos indirectos en Ortega por haberla involucrado en tareas que no eran las que constitucionalmente le correspondía.
“Desde luego, el golpe político y moral para Ortega como responsable de lo que se señala en esas sanciones es un golpe muy grande que él tiene que asumir en su calidad de responsable de esa institución”, subrayó.
En junio del año 2014, el dictador en su afán de controlar todas las instituciones del país, reformó la Ley 872, “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad de la Policía Nacional”, para imponer que esta estuviera sometida a la autoridad civil “que será ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo”, en este caso él mismo.
Antes de la reforma, la Policía se encontraba subordinada al Ministerio de Gobernación.
¿Vienen sanciones para el Ejército?
Por otro lado, Pallais indicó que la misma suerte de la Policía podría correr el Ejército de Nicaragua, pues comentó que “hay pruebas circulando en la comunidad internacional” del involucramiento de dicha institución en la represión. A esto se suma que “no ha dado una respuesta contundente” sobre “de qué almacenes salieron esta cantidad enorme de armas (en manos de paramilitares), que solo deberían estar en manos del Ejército”.
“Vemos al Ejército preocupado queriendo dar explicaciones, queriendo actuar con las comisiones de derechos humanos, con los medios de prensa para desvirtuar estas informaciones que desde diferentes orígenes han llegado a diferentes destinatarios, y que ha venido conformando la idea de que el Ejército tuvo algún nivel de cooperación con los mecanismos de represión desarrolladas a partir de abril de 2018”, declaró.
En ese respecto, Pallais consideró que lo mejor que puede hacer el Ejercito es contribuir a que se investiguen las denuncias en su contra.
“La mejor forma que tiene el Ejército para rechazar estos señalamientos es abrirse a una investigación internacional y cooperar con ella”, concluyó.