La “Ley de defensa de los Derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” que inhibe a los opositores a participar en las elecciones de 2021, entró en vigor este martes al ser publicada en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.
El dictador Daniel Ortega mandó a publicar la nueva ley de forma expedita, por lo que automáticamente entra en vigor e impide postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes el régimen considere “golpistas” o “terroristas”, pese a que la constitución vigente establece plenos derechos de participación política a todos los ciudadanos sin excepción.
El artículo 1 de la legislación dice: “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán ‘traidores a la patria’ por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondiente, establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los ‘actos de traición, los ‘delitos que comprometen la paz’, y los “delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua’”.
La noche del lunes, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su profunda preocupación por la promulgación de esta ley, por lo que llamó al régimen de Ortega derogarla.
“La Secretaría General de la OEA hace un llamado al gobierno para derogar la ley en cuestión, y reitera su llamado a iniciar un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país, para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen una libertad justa y elecciones transparentes. Asimismo, la Secretaría General de la OEA está dispuesta a asesorar sobre el proceso de reforma de las normas electorales, acordado en su momento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA”, reza un comunicado publicado en el sitio web de la OEA.
El organismo regional señaló que dicha ley aprobada hoy en la Asamblea Nacional “busca restringir los derechos políticos con el objetivo de limitar la competencia electoral, en un claro ataque a los principios básicos de un estado democrático, de acuerdo con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana”.