El dictador Daniel Ortega ordenó el cierre de otras 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con lo que sumarían 958 las organizaciones civiles sin fines de lucro disueltas desde 2018.
La ilegalización de las 100 ONG fue presentada ante la Asamblea Nacional por el ilegítimo diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien ha sostenido que las organizaciones afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para “intentar derrocar a Ortega” en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
Por su lado, el sancionado Gustavo Porras, ha dicho que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de “ordenamiento de algo que estaba al garete”, debido a que presuntamente había organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes.
También ha anunciado que continuarán “con este trabajo de limpieza”.
En la nueva lista de 100 ONG afectadas, hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medio ambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.