Ortega pretende aumentar a 90 días el plazo de detención de personas acusadas por algún delito
El dictador Daniel Ortega envió ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal de Nicaragua (Ley 406) para modificar los artículos 253 y 256 de esa legislación, para aumentar de 15 a 90 días el tiempo de detención de las personas que sean acusadas por algún delito, lo que para los juristas es “una aberración jurídica” más de la dictadura.
El argumento de Ortega para modificar la ley es que las personas detenidas deben ser investigadas de forma “más exhaustiva”.
En el caso de que la persona detenida sea puesta a la orden del juez dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, a petición del Ministerio Público se celebrará inmediatamente una “Audencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales”, con el fin de poder solicitar que se amplíe el plazo para investigar y dictar detención judicial, siempre y cuando se considere necesario “para completar información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas”.
La propuesta de adición al artículo 253 de la Ley 406 establece que “la autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de 15, ni mayor de 90 días, la autoridad judicial tomará en consideración la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud”.
La propuesta alega que el plazo de 48 horas es muy corto pues “limita realizar una investigación exhaustiva”, y que además “no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica pues los resultados periciales decisivos para determinar una acusación no están en 48 horas”.
Juristas califican la iniciativa de reforma de ley como una “aberración jurídica” que violenta los derechos humanos y las libertades de los nicaragüenses “a través de la justificación legal de las atrocidades que se han cometido y siguen cometiéndose en Nicaragua”.
El abogado Julio Montenegro considera que, con esta reforma, Nicaragua regresaría a los tiempos donde los procesos eran escritos y el juez instruía las causas durante el proceso investigativo.
Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, dijo que el organismo “repudia” dichas reformas ya que con ellas, el régimen de Ortega pretende “legalizar” la práctica de mantener en las cárceles de las estaciones policiales a quienes alzan su voz en contra él.
El jurista José Pallais aseguró que la iniciativa viola los principios de inocencia que establece la Constitución Política que dicta un plazo de 48 horas “artículo 33 de la Constitución, establece que toda persona que es arrestada por la Policía debe ser puesta a la orden del juez en un plazo máximo de 48 horas”, apuntó.
*Con información de Despacho 505
