El régimen de Daniel Ortega anunció este lunes que ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una reforma a las leyes para que se pueda castigar a los violadores y asesinos a “cadena perpetua”, dicha propuesta será luego remitida a la Asamblea Nacional para su aprobación.
La propuesta de Ortega, nace luego que el fin de semana fueran asesinadas atrozmente dos niñas de 10 y 12 años en la comunidad Lisawé en Mulukukú, una de ellas presuntamente violada por el sujeto Rosario Soza Centeno.
Para Rosario Murillo los autores de “crímenes de odio” son personas con “graves alteraciones y perturbaciones mentales”. Cabe destacar que el propio Ortega fue acusado de violación en 1998 por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo, sin embargo la denuncia no progresó.
“Nuestro comandante Daniel, el Presidente de la República, nuestro Gobierno ante la crueldad de esos ataques y crimines de cometidos contra ciudadanos, contra niños, contra adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales y culturales, ha instruido a la Corte Suprema de Justicia trabajar una propuesta que aborde integralmente de manera preventiva y penal estos crímenes atroces castigando severamente a los autores”, dijo Murillo este mediodía en los medios de comunicación oficialistas.
En este caso –agregó Murillo—Ortega “ha orientado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia proponer una reforma a las leyes pertinentes necesarias para procederla a remitirla a la Asamblea Nacional proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponde a la cultura nicaragüense”.
La mujer Ortega quien en 1998 aseguró que su hija Zoilamérica era “mitómana” sostuvo que “todas estas graves violaciones a los derechos humanos serán penalizadas de acuerdo a esta instrucción, atendiendo la justa demanda de la ciudadanía nicaragüense consciente, responsable y de buena voluntad”.
“En nuestra Nicaragua bendita y siempre libre promovemos y defendemos el respeto a la vida en todas sus formas y desde el vientre materno. Y esta propuesta de modificaciones a las leyes para castigar severamente los delitos que contravengan el derecho de todos a la vida y a la convivencia familiar armoniosa y segura, ratifica nuestro compromiso de perseguir, condenar y castigar severamente esos delitos con son de lesa humanidad”, manifestó, sin aún referirse a los crímenes de lesa humanidad a los son señalados ella y Ortega por varios organismos defensores de derechos humanos.
Actualmente la pena máxima en Nicaragua es de 30 años de cárcel, pero esta se extendería a plazos indefinidos si la propuesta de Ortega es aceptada.
Mientras que las leyes condenan el delito de asesinato a con penas de 20 a 25 años de prisión, y el de violación hacia menores con 15 a 20 años de cárcel.
De momento no se espera que la “orientación” de Ortega tenga retrasos, ya que la Asamblea Nacional, al igual que la CSJ, también está dominada por el dictador.