El régimen de Daniel Ortega propuso este viernes una Ley que inhibe a aquellos nicaragüenses que encabecen o financien “un golpe de Estado” o “alteren el orden constitucional” a optar a cargos de elección popular, a un año de celebrarse las próximas elecciones.
La propuesta fue enviada a la Asamblea Nacional por el dictador Ortega, y es por ello que se convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes, donde se prevé sea presentada esa propuesta.
El proyecto de “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” tiene por objeto “hacer prevalecer el principio constitucional de la independencia, la soberanía, y la autodeterminación nacional, así como la no injerencia en los asuntos internos del pueblo nicaragüense,” según la exposición de motivos.
La iniciativa establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, no podrán optar a cargos de elección popular.
Tampoco los que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Además, no podrán optar a cargos de elección popular “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
En la iniciativa, el régimen orteguista afirma que las prohibiciones para optar a cargos de elección popular están establecidas en Constitución Política de Nicaragua, como en el resto del ordenamiento jurídico nicaragüense.
“El artículo 147 de la Constitución Política señala la prohibición de optar a la presidencia de la República a todo nicaragüense que encabece, o financie un golpe de Estado, que altere el orden constitucional”, dice el documento.
De igual forma, el régimen argumenta que la legislación penal señala que quedan limitados los derechos políticos de los nicaragüenses que incurran en actos contrarios a la Constitución Política.
“La iniciativa de Ley tiene su fundamento en el principio constitucional del artículo 1 que destaca la independencia, la soberanía, y la autodeterminación nacional como derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense”, reza.
ORTEGA INTERPRETA LEY
Hoy, durante un acto de graduación de cadetes de la Policía Orteguista, el dictador Daniel Ortega dijo que aquellos nicaragüenses que participaron en la revuelta contra su régimen en abril de 2018, no podrán optar a cargos de elección popular en los próximos comicios.
Ortega arremetió contra esos “nicaragüenses que solo el nombre tiene de nicaragüenses”, que a su juicio lo intentaron “derrocar” en abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por una fallida reforma a la Seguridad Social y que fue aplastada a la fuerza por el régimen.
“Simplemente son desechos de la vida, de la naturaleza, que se arrastran frente a los yankees”, dijo Ortega, que tildó a los opositores de “terroristas, criminales, y vendepatrias porque piden más sanciones”.
“No los podemos expulsar (de Nicaragua) porque nacieron aquí”, indicó Ortega, para quien sí han perdido su derecho a optar a cargos de elección popular en las próximas elecciones, aunque no mencionó nombres.
“Ni que sigan peleando por buscar candidatos a la Presidencia, porque las leyes no lo permiten”, agregó.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones generales el 7 de noviembre de 2021.
*Con EFE