*Por Enrique Sáenz
Hemos dicho en otras ocasiones que las dictaduras tienen poca imaginación. Esta aseveración tiene mayor validez en el caso de la dictadura que se nos instaló en Nicaragua. Repiten una y otra vez las mismas prácticas que sus contemporáneos de otras latitudes. Allí tenemos el caso de la ley hija de Putin. Los sirvientes de Ortega se copiaron hasta el título: Ley de agentes extranjeros. O la ley que denominaron contra los delitos de odio. Maduro impuso, en Venezuela, una ley con el mismo título, pero hace varios años. A los sirvientes de Ortega no se les ocurrió otro nombre y copiaron el mismo de la ley de Maduro. Y así podríamos seguir.
Pero la dictadura de Ortega se ha esmerado principalmente en imitar las mismas fórmulas del somocismo. Ejemplos sobran: Con Somoza García se hicieron célebres las tres “pe”: plata para los amigos, palo para los indiferentes, plomo para los enemigos. Ahora los esbirros del régimen manchan las paredes de las casas de opositores con la palabra “plomo”. Podríamos seguir, pero hoy queremos referirnos a la más reciente imitación de la dictadura.
La semana anterior nos exhibieron otro oprobioso ejemplo de copia al somocismo.
En los medios de comunicación opositores de la época de la dinastía se hizo muy conocida la expresión “pisa y corre”, para referirse a la práctica infame con los prisioneros que querían mantener en la cárcel: Una vez que cumplían la sentencia los acusaban por otro delito y así, con la complicidad de jueces sirvientes, mantenían en cautiverio a quienes se les antojaba.
Ortega comenzó a aplicar esa misma artimaña. La semana anterior, el prisionero político Carlos Bonilla recibió una orden judicial de libertad por haber cumplido su sentencia. Inmediatamente un juez verdugo lo enjuició por tráfico de drogas. Una causa inverosímil pues el prisionero estaba recluido en una celda de máxima seguridad.
Con la misma fórmula siniestra mantienen encarcelado a Marvin Vargas, dirigente de aquel movimiento de desmovilizados del ejército que fue reprimido y descabezado por la dictadura. Vargas guarda prisión desde hace diez años. La causa inicial fue un delito menor que le imputaron en 2011; desde entonces, con distintos pretextos lo mantienen encerrado, buena parte del tiempo en celdas de máxima seguridad. Una vez que cumplió su última condena siguió en detención ilegal hasta que, en 2017, no tuvieron empacho de acusarlo, esta vez por tráfico de drogas ¡Dentro de la cárcel!
Y lo condenaron a más de doce años de prisión.
Solo para comparar: ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvo en la cárcel el sujeto que asesinó a Jorge Luis Rugama, julio del año pasado, en el municipio de la Trinidad? Cuatro meses
Una burda farsa ¿Cómo pueden explicar que alguien trafique con drogas en una celda de máxima seguridad?
Y, aún si admitiéramos semejante despropósito, tendríamos que admitir que solamente puede cometerse tal delito si se cuenta con la negligencia, complicidad, encubrimiento o coautoría en la cadena de custodios. Sin embargo, ni en el caso de Bonilla, ni en el caso de Vargas, ha aparecido ningún custodio enjuiciado.
Y vean qué casualidad: Se dan cuenta del delito hasta que la víctima está a punto de salir de la cárcel.
Obviamente se trata de una burda trama. Una trama maligna. A la prisión injusta y al cruel aislamiento, se agrega la burla sádica de ordenar la libertad como condición para volver a encerrarlo, con el aderezo de denigrar a la víctima con la imputación del afrentoso delito de narcotráfico.
Una trama como la descrita solo puede ser motivada por el odio que anida en las entrañas de quienes toman las decisiones de represión selectiva.
Por supuesto, ya sabemos que decisiones como esas no están en capacidad de adoptarlas los sirvientes en el sistema penitenciario y, menos todavía, los jueces verdugos. Como se dice en el lenguaje popular, son órdenes que “vienen de arriba”.
Y es “arriba”, precisamente, donde está la fuente inagotable de odio, crueldad y sadismo que se ensaña sobre el pueblo nicaragüense.