La Alianza Cívica recordó hoy que el régimen de Daniel Ortega lleva dos años incumpliendo los acuerdos firmados el 27 y del 29 de marzo del año 2019, en el que se comprometió a la liberación definitiva de todos los presos políticos y fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.
“A dos años de los Acuerdos del 27 y del 29 de marzo del año 2019, suscrito entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación del régimen, referentes a la liberación de presos políticos, y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas; es urgente que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático que demandamos los nicaragüenses”, dijo la Alianza Cívica a través de un comunicado.
Ninguno de los compromisos que el régimen de Ortega firmó ha sido cumplido, por lo cual es calificado por la organización opositora como “un gobierno mentiroso y demagogo, que pierde su credibilidad y legitimidad para seguir gobernando”.
Estos fueron algunos de los acuerdos firmados y no cumplidos por Ortega:
El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece el compromiso de cumplir al menos diez principios constitucionales, que incluye el debido proceso y tutela judicial efectiva; derechos económicos; seguridad y defensa nacional; derechos de los nicaragüenses en el exterior; derechos políticos; derechos laborales; libertad de expresión y de información veraz; garantías procesales, autonomía universitaria; definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo”.
El régimen se comprometió a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”.
Otro punto importante del acuerdo es el cese de las detenciones ilegales en contra de ciudadanos que se han manifestado en régimen y que han sido víctimas de secuestros por parte de paramilitares y agentes de la Policía Orteguista.
En este punto, el Estado garantizará que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley”.
En el documento se especifica que las viviendas de los ciudadanos podrán ser allanadas con una orden escrita de un juez competente, debiendo realizarse entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m
En el tema judicial, se insta a que se cumpla el mandato constitucional de que todo detenido tiene que ser liberado posterior al plazo de 48 horas, si no se le abre un proceso judicial.
“El Estado garantiza que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la Ley con arreglo a un procedimiento legal, la detención solo podrá efectuarse en virtud del mandamiento escrito de juez competente o de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política y el procedimiento de la Ley”, manifiesta el texto.
Otra de las demandas planteadas al régimen orteguista es el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes
Sobre las confiscaciones hechas a medios de comunicación, como el canal de televisión 100% Noticias y Confidencial, la dictadura de Daniel Ortega se comprometió a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley”.
“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, agrega el documento.
Asimismo, se instó a que las autoridades tomen las “medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad”.
A la vez, se pidió fortalecer el ejercicio de la autonomía universitaria.
Igualmente, fueron demandados los derechos y las garantías de los pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe.
La Alianza Cívica hizo un llamado a la comunidad internacional a que “continúe con las gestiones y medidas diplomáticas que muevan al régimen de Ortega a dar una oportunidad a Nicaragua, y encontrar una salida pacífica y cívica a la grave crisis actual, facilitando elecciones libres que permitan recuperar el derecho de los nicaragüenses a elegir sin violencia ni coacción las autoridades de su preferencia”.