Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) afirmó este jueves que el régimen de Daniel Ortega está violando los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses varados en Peñas Blancas, a quienes no deja entrar al país sin una prueba negativa del COVID-19.
Leiva, quien se encentra exiliado en Costa Rica desde 2018, dijo a La Mesa Redonda que más de 200 nicaragüenses en los que hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores se encuentran la intemperie en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, ante la negativa de Ortega de permitirles volver a su propio país.
“Se está dando una obstaculización de libre y rápido retorno de más de 200 nicaragüenses establecidos en la República de Costa Rica y otros países, violando su integridad física y moral por parte del régimen Ortega-Murillo, que está poniendo condicionando el retorno que le asiste al nicaragüense volver a su país”, dijo Leiva.
Explicó que el artículo 28 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “ningún nicaragüense debe ser restringido de su libre retorno a su tierra natal”.
“El régimen Ortega-Murillo está poniendo condiciones a los nicaragüenses, es decir como es a otro país al que están regresando, si es a su país a su patria… La situación es gravísima porque se están violando los derechos humanos de nicaragüenses que simplemente han decidido retornar debido a la pandemia del COVID-19 a su país de origen para estar al lado de su familia”, señaló.
Leiva informó que desde la ANPDH están haciendo gestiones ante autoridades de alto de nivel del gobierno costarricense y panameño, al igual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para ayudar al retorno seguro de los nicaragüenses.
Los nacionales llevan días varados en Peñas Blancas porque el régimen de Ortega les está exigiendo una prueba negativa del COVID-19 para ingresar a su propio país, algo para lo que no tienen dinero y el régimen tampoco quiere costear o hacerlas de forma gratuita.
Otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos también han demandado el testeo y el retorno seguro de los nicaragüenses.