*Por Francisco Larios
Por un lado, la indignación, y la solidaridad con cualquier ciudadano nicaragüense, independientemente de cualquier consideración personal, ideológica o política, cuyos derechos sean manipulados o cercenados por la dictadura. El Estado no tiene derecho a hacer lo que el Estado sandinista hace. Punto. Nada que discutir en este aspecto. El orteguismo está sencillamente fuera de la ley y de la legitimidad; fuera de tiempo y fuera de lugar. Todas las fuerzas sociales y políticas dentro y fuera de Nicaragua deben exigir que se detenga la escalada represiva fascista del régimen.
Por otro lado, una reflexión objetiva sobre las implicaciones de lo actuado por el orteguismo: de hacerse permanentes los arrestos de los precandidatos de la oposición electorera, y más que todo, o mejor dicho, de hacerse firmes las inhibiciones que les impone la dictadura, sería razonable interpretar el momento actual como uno en el que varios protagonistas «oficiales» del proceso político nicaragüense, aquellos que participarían en una supuesta «salida electoral» chocan con esa enorme muralla que llamamos ‘realidad’. Cada uno de los «choques» revela una grave incongruencia entre la estrategia adoptada y la lógica del proceso social; en todos los casos el traspiés analítico es de común raíz: han ignorado el nudo gordiano de la crisis política, que no existe solución estable con Ortega y Murillo en el poder, pero estos no pueden, por razones que he expuesto antes en detalle, renunciar al poder.
El primer choque es el de la oposición que se estrella contra la pared (que para la mayoría de la población era un muro evidente, pero que ellos trataron como invisible, o como un cristal que poderes fácticos aliados romperían para ellos) de la determinación del dictador de aferrarse al poder. A pesar de los ribetes irracionales de la conducta de Ortega y Murillo, su terquedad es racional: fuera del poder, la pareja genocida está perdida; puede perderlo todo. De que se mantengan en el poder dependen su seguridad financiera, su libertad, y quizás hasta sus vidas. Ortega ha decidido que no tiene más remedio que aceptar el riesgo de quedarse, antes que el de irse aunque sea formalmente, aunque sea cediendo apenas la presidencia y manteniendo el control de todo el aparato represivo que ha acumulado. Por consiguiente, Ortega se niega a ceder una pulgada de poder, y parece convencido de que puede pasar por encima de las apariencias electorales para evadir cualquier riesgo que transforme el proceso en una repetición de 1990. Por más improbable que parezca este escenario, Ortega—ya lo dije antes—no está dispuesto a ceder ningún espacio al azar. El comandante ha decidido que “se queda”, y que después será después; después convocará a los grandes poderes económicos a sentarse a la mesa “por la patria”, y remendar el pacto que la insurrección de abril de 2018 sacudió. Después se verá.
El segundo choque es el de la diplomacia extranjera, para quienes Ortega ha elevado la parada de tal manera que probablemente se vean obligados a reconsiderar su evaluación de riesgos. Hasta la fecha, tanto Daniel Ortega como el gran capital han vendido la noción que resumió cínicamente su hermano Humberto: “cohabitación o caos”. Da la impresión de que los diplomáticos extranjeros sobreestimaron el poder de sus sanciones, y de la amenaza de futuras sanciones, para moldear el comportamiento de Ortega e inducir a este a hacer al menos alguna concesión de forma, alguna cesión de espacios a la oposición electorera. Deberían haber sabido que Ortega tiene una alta “tolerancia al dolor”. Deberían saber que Ortega está dispuesto a imponer “la economía del gallopinto”; que no va a dejar el poder voluntariamente porque se caigan las exportaciones y aumente el desempleo. La diplomacia extranjera se ha estrellado así contra el mismo muro que los opositores electoreros: Ortega no puede dejar el poder. Para lograr esto tendrían que golpearlo muchísimo más duramente, y tendrían a la vez que otorgarle garantías de impunidad que parecen cada vez más difíciles de construir. El gobierno de Biden tendría que invertir capital político, tiempo y atención que en medio de la crisis política de Estados Unidos escasean, y arriesgar precisamente lo que más han tratado de evitar: presiones que precipiten una salida abrupta de Ortega del poder, que podrían hacer que se derrumbe el carcomido Estado nicaragüense como un castillo de naipes.
El tercer choque, el más importante, es el choque de Ortega contra la muralla que marca los límites de su poder. Al cerrar las puertas hasta a la oposición más sumisa, a los opositores que han insistido en la posibilidad de “convivir” con él, o de darle una “salida digna”, Ortega quema los puentes, se cierra a sí mismo la ruta de escape, se arrincona a sí mismo. Si esto es “demencia” o una reacción racional a las consecuencias de su victoria pírrica del 2018 es debatible; puede ser que haya muy poca distancia entre una y otra explicación, porque a largo plazo la situación de Ortega no parece sostenible, porque las amenazas que ve en su paranoia son reales, porque su régimen es una carcasa y su economía es irrecuperable. De tal manera que lo que ha hecho Ortega al arrestar a la plana mayor de la oposición electorera es sencillamente acelerar lo inevitable, borrar cualquier duda que los más desbocados optimistas pudieran albergar acerca de la posibilidad de una salida electoral de la crisis. De hecho, las acciones de Ortega hacen insostenible la postura de los más tercos electoreros, como la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, quien insiste en que la vía electoral se mantiene, con una credibilidad que ya parece inferior al 2% de apoyo popular que las encuestas atribuyen a su organización. Las acciones de Ortega son también un catalizador de las corrientes no electoreras de la oposición nicaragüense. El shock inicial, y la necesidad de poner pecho a tierra para capear la andanada represiva, será seguida—lo sugiere la historia—por una intensificación de la lucha no-electoral; la movilización social en múltiples formas desde una perspectiva más conspirativa y con la meta clara de derrocar al régimen. En otras palabras, las tensiones sociales y políticas tienden a aumentar hasta niveles que pueden radicalizar a muchos y motivar a los poderes fácticos a sopesar de nuevo el riesgo de oponerse de manera decisiva al régimen, versus el riesgo de mantenerse a su lado en lo que podría ser una fase final de su existencia. ¿Adoptará el gobierno de Biden una estrategia diferente de su predecesor? ¿Evaluarán diferentemente el riesgo de una implosión del régimen, o de una explosión bélica, o de una subida intempestiva en el número de migrantes? ¿Harán presión sobre el Ejército? Esta se vuelve una opción posible, un posible escenario, dada la preocupación por la “estabilidad” que pesa tanto en las decisiones del Departamento de Estado.