Nacionales · 04/05/2022

Orteguismo aprueba informe sobre aumento de penas, confiscación de bienes y criminalización a sacerdotes en Nicaragua  

Los ilegítimos diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, aprobaron este miércoles un informe de trabajo sobre “el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional y crímenes de odio”, que plantea el aumento de penas a los presos políticos y la confiscación de bienes a los críticos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

El informe presentado por la ilegítima diputada orteguista María Auxiliadora Martínez, presidenta de facto de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento, contó con el voto a favor de 77 orteguistas y solo 11 abstenciones.

En concreto, el informe establece aprobar una reforma al Código Penal y Código Procesal Penal para aumentar hasta 20 años las penas para “todas aquellas personas que sean acusadas del delito de menoscabo a la integridad nacional”. Actualmente, la pena para tal delito es de 10 a 15 años de cárcel.

También se propone un tipo penal llamado “extinción del dominio” que transfiere al Estado los bienes y activos de los condenados “que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria”.

Asimismo, pretenden la modificación del artículo 147 del Código Procesal Penal para que durante una investigación en curso sea “obligación guardar reserva al citado y/o entrevistado, por parte del Ministerio Público y/o la Policía Nacional”.

CRIMINALIZACIÓN A SACERDOTES

Según la diputada orteguista María Auxiliadora Martínez, “quienes asistieron a la consulta expresaron que las penas deben ser más severas, y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista como dirigentes”.

Dijeron que en el carácter que cometieron los delitos no fue como pastores, ni representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos; sino, de manera personal con saña y odio a la militancia sandinista y a personas relacionadas con el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Es por esto que deberían ser juzgados y sus comunidades o Asociaciones investigadas a fondo ya que se escudaron tras lo religioso”, añadió Martínez.

Héctor Mairena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), calificó como “una aberración jurídica” las pretensiones del régimen de Daniel Ortega para aumentar penas a presos políticos y confiscar bienes a sus críticos en Nicaragua.

“(Es) una verdadera aberración jurídica como todas las que comete el régimen. Además, han amenazado que estas leyes serían aplicadas de manera retroactiva, otra aberración”, declaró Mairena esta semana.