Con 70 votos a favor y 13 en contra, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron la “Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense” que declara de “interés nacional”, la totalidad de las acciones del consorcio español TSK-Melfosur en las empresas distribuidoras de energía eléctrica Disnorte-Dissur.
Según el régimen orteguista la nueva legislación permitirá hacer mayores reducciones en la energía eléctrica y ampliar la cobertura en el país. La propuesta de ley fue enviada el viernes por el dictador Daniel Ortega con carácter urgente a la Asamblea Nacional.
“Por ministerio de la presente Ley, la participación accionaria de TSK-Melfosur Internacional S.A., en Disnorte y Dissur, pasa a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua”, señala el artículo 1 de la ley.
Las distribuidoras Disnorte y Dissur, antes propiedad de la filial nicaragüense de la española Gas Natural Fenosa, pertenecía hasta ahora a la sociedad TSK-Melfosur Internacional, conformada por las españolas TSK y Melfosur.
Gas Natural Fenosa vendió sus participaciones en las distribuidoras Disnorte y Dissur a la sociedad nicaragüense TSK-Melfosur Internacional por 57,8 millones de dólares, según informó la compañía en Barcelona en febrero de 2013.
La filial de la española Gas Natural Fenosa era dueña del 84 % de las acciones de Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.
La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.
La ley, que no ofrece información sobre TSK-Melfosur Internacional, establece que las empresas Disnorte y Dissur serán operadas y administradas por las instituciones y/o empresas que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, autorice y delegue para tal efecto.
Disnorte y Dissur continuarán siendo sociedades anónimas regidas por el derecho privado y mantendrán inalterables sus diferentes relaciones comerciales con el resto de agentes económicos integrantes de la industria eléctrica, de acuerdo con la legislación.
Los derechos y obligaciones de ambas distribuidoras se mantendrán inalterables y se garantizarán los derechos sindicales y laborales adquiridos de todos los trabajadores, según el documento.