La Asamblea Nacional aprobó ayer la “Ley Especial” para el desarrollo del Proyecto Central de Puerto Sandino, que consiste en la creación de un marco jurídico para la construcción de una planta generadora a partir de gas natural valorada en unos 700 millones de dólares, y cuya obra estará a cargo de la empresa de capital estadounidense New Fortress Energy, a quien se le exoneró de impuestos, supuestamente para mitigar los efectos que tendría si Estados Unidos le llegara a aplicar sanciones por vincularse con el régimen de Daniel Ortega.
El supuesto “megaproyecto industrial” fue una iniciativa de ley enviada por Ortega con “trámite de urgencia” y que los diputados orteguistas y sus aliados aprobaron sin consulta. La inversión está prevista para concluir en septiembre de 2021.
Según el texto, la planta tendrá una capacidad de generación de aproximadamente 300 megavatios, e incluye además una terminal de gas licuado. Expertos han manifestado que la empresa estadounidense no es generadora, y solo se encargará de la instalación de los equipos generadores y de importar el gas; y que “seguramente la generadora será Albanisa u otra cercana” al régimen.
La legislación establece en su artículo 3 que, el proyecto es “de utilidad pública y de interés social” y autoriza también la declaratoria de utilidad pública y expropiación de las propiedades que se vean involucradas en el lugar de desarrollo del proyecto.
LAS EXONERACIONES FISCALES
En cuanto a las exoneraciones fiscales otorgadas a New Fortress Energy destacan la exoneración de impuestos de importación, derechos arancelarios de importación, impuestos selectivos al consumo, impuestos al valor agregado en todo el GNL (gas natural licuado), maquinarias, equipos, materiales y suministros, detalla la plataforma Artículo 66.
Asimismo, el proyecto está exento de impuestos sobre la renta (IR), retenciones de impuestos y el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta establecido en la Ley de Concertación Tributaria actual.
Tampoco pagarán impuestos aplicables sobre ingresos y ganancias acumuladas durante el periodo de incentivos fiscales, y quedan libre de impuestos los pagos de dividendos, participaciones en ganancias, excedentes, rentas, regalías e intereses pagados por el inversionista o la compañía naviera.
Además, concede exoneración para la empresa norteamericana en los impuestos sobre ganancias de capital, impuestos sobre transmisiones, impuestos sobre la renta, retenciones de impuestos y los pagos efectuados a los contratistas.
“El régimen tributario vigente en la fecha de entrada de la presente ley no se modificará en detrimento del proyecto mientras esté en vigencia la Ley Especial”, dice el artículo 9 de la ley.
Mientras que los artículos 13 y 14 ordenan a las instituciones del Estado que deberán tomar “cualquier acción necesaria” para que la empresa pueda obtener, sin demora, sus permisos de operaciones.
El artículo 15, concede a la empresa “la capacidad de transferir fondos libremente en cualquier moneda, incluyendo dólares de los Estados Unidos de América, fuera de Nicaragua a pesar de y sin la aplicación o imposición de algún requerimiento, impuesto, carga u otra obligación requerida bajo cualquier ley en el presente o el futuro por la república de Nicaragua o cualquier subdivisión política de la misma”.
Estos beneficios fiscales, se dan mientras el régimen de Ortega mantiene una campaña de “terrorismo fiscal” contra las empresas en Nicaragua.