Destacados / Nacionales · 13/12/2023

Orteguismo crea “Comisión de verificación de proveedores del Estado”

Los diputados de facto de la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobaron el pasado 11 de diciembre una reforma a la Ley orgánica del Poder Legislativo (Ley 606) y a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737), para crear una “Comisión de verificación de proveedores del Estado” para controlar a los oferentes del Estado. 

La reforma fue aprobada con “carácter de urgencia” en una sesión parlamentaria en la ciudad de Tola, Rivas, y el orteguista Gustavo Porras, aseguró que esta busca “proteger” los fondos públicos y la acción del Estado, “de aquellos que quieren aprovecharse, utilizando empresas de mentira o de maletín”.

La Comisión será presidida por la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Porras señaló que ahora el Parlamento tendrá la potestad de “verificar todas aquellas empresas que quieran participar como oferentes en contrataciones del Estado”. Además nombrará al presidente de dicha Comisión.

La Comisión “será la instancia encargada de garantizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad para contratar, así como el régimen de prohibiciones para ser oferentes, detalladas en la Ley 737 o Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, para los potenciales oferentes que participen en procedimientos de contrataciones superiores a medio millón de córdobas”.

La Comisión tendrá su sede en la Asamblea Nacional, y podrá realizar “verificaciones in situ” e “inspecciones necesarias” por cada empresa que solicite el certificado. “De ser el caso, para el cumplimiento de esta facultad, la Comisión podrá auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional”.

La nueva entidad también podrá verificar que “todos los documentos, información y datos presentados por los proveedores”, cumplan con los requisitos de ley.

Además, tendrá acceso a registros de los proveedores en cualquier entidad pública, y puede decidir “discrecionalmente” quienes pueden o no contratar con el Estado.

Asimismo emitirá certificados de proveedor del Estado que tendrá una vigencia, como máximo, de un año a partir de su emisión, y podrá ser cancelado a consideración de la Comisión.