El grupo parlamentario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) propuso este martes castigar con prisión perpetua el asesinato agravado, así como los delitos de parricidio y feminicidio siempre y cuando, en esos casos, concurran dos o más agravantes, según reporta la agencia EFE.
Los diputados orteguistas hicieron esa propuesta en una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que presentaron ante la Primera Secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que controla el orteguismo, a la que pidieron darle trámite urgente.
Esa iniciativa fue presentada un día después de que los diputados orteguistas y sus aliados aprobaran en segunda legislatura una enmienda constitucional que permitirá la cadena perpetua por “delitos de odio”, misma que entró hoy en vigor al ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta.
FEMINICIDIOS Y PARRICIDIOS
Según la nueva iniciativa, se propone castigar con prisión perpetua los casos de parricidio y feminicidios cuando concurran dos o más agravantes, según la iniciativa.
En el caso de feminicidio, será castigado con prisión perpetua la persona que a la vez satisfaga sus instintos sexuales, mutile los genitales de la mujer, por misoginia, y si comete el hecho en presencia de los hijos de la víctima.
En caso de asesinato agravado se impondrá pena de prisión perpetua cuando sea por asfixia, incendio, explosión o veneno; flagelación, mutilación o descuartizamiento del cadáver de la víctima; o en presencia del niño, niña o adolescente.
También si la persona asesinada es especialmente vulnerable por razón de enfermedad o discapacidad física o psíquica para resistir, o se trate de una mujer embarazada o persona mayor de 65 años.
Además, cuando el hecho sea cometido por miembros de grupo delictivo organizado o banda organizada nacional o internacional.
Asimismo, si el hecho es cometido como resultado de ritos grupales, creencias o fanatismo religioso o deportivo; o después de una violación.
También si el hecho es cometido por odio, motivado por intolerancia y discriminación, referidos a la orientación sexual y/o identidad sexual, expresión de género, origen étnico, condición social y económica, nacionalidad, religión, ideología, color de piel, discapacidad o profesión de la víctima.
“Se entiende que la agravante concurre cuando el que cometió el delito ha expresado de manera personal, en redes sociales o por algún medio de difusión el desprecio o intolerancia contra una persona o grupos de personas a la que previamente amenazó y acosó por algunas de las circunstancias previamente mencionadas”, según el texto de la iniciativa.
La prisión perpetua será revisada cuando el reo haya cumplido 30 años de prisión, que haya mostrado buena conducta y exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según la propuesta.
En la exposición de motivos, los diputados orteguistas explicaron que se necesitan leyes “más eficaces que den respuesta a la sociedad nicaragüense con un medio de protección contra la delincuencia de extrema gravedad y peligrosidad con sanciones ejemplares proporcionales al delito cometido y que el agresor sepa las consecuencias que conlleva efectuar este tipo de delito”.
La Constitución Política fijaba en 30 años la pena máxima en Nicaragua.
Ahora, la enmienda constitucional mantiene que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años”, sin embargo, agrega excepciones para los casos de delitos graves.
Grupos opositores han dicho que la instauración de la cadena perpetua, con la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros, son la “nueva modalidad de represión” estatal en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.
Según la oposición, Ortega está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas de cara a las elecciones generales previstas para noviembre próximo.
*Con EFE