Nacionales · 02/02/2021

Orteguistas aprueban “Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal”

Con 70 votos a favor, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron este martes la “Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal” de Nicaragua para ampliar la prisión preventiva de un ciudadano de 48 horas a 90 días.

La iniciativa incorpora dos nuevos términos: el de “investigación complementaria” y el de “Audiencia Especial de Tutela y Garantías Constitucionales” en el proceso de investigación policial de un detenido acusado de algún delito.

La Policía Orteguista podrá mantener en prisión a un ciudadano, aun cuando no existan pruebas, y la Fiscalía Orteguista se encargará de solicitar al juez la ampliación del plazo cuando se haya vencido de las 48 horas de ley que establece la Constitución.

La reforma a la ley fue justificada con que “no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica” en 48 horas, por lo que el “plazo razonable” no debe “ser menor de 15 ni mayor de 90 días”.

Durante el debate en la Asamblea Nacional, el diputado orteguista Carlos Emilio López dijo que esta reforma “viene a fortalecer el acceso a la justicia a las víctimas, y se garantiza la protección de los derechos de la persona acusada guardando el equilibrio de la justicia”.

En contraste, varios expertos en Derecho han rechazado la reforma, calificándola de “aberración jurídica”.

El experto constitucionalista José Pallais ha dicho que la propuesta es “un retroceso enorme”. “Van a poner al individuo sin ninguna acusación (en prisión) hasta por 90 días, es un mecanismo más de persecución de opositores”, dijo Pallais, también integrante de la opositora Coalición Nacional.

El abogado Julio Montenegro considera que, con esta reforma, Nicaragua regresaría a los tiempos donde los procesos eran escritos y el juez instruía las causas durante el proceso investigativo.

Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, dijo que el organismo “repudia” dichas reformas ya que con ellas, el régimen de Ortega pretende “legalizar” la práctica de mantener en las cárceles de las estaciones policiales a quienes alzan su voz en contra él.