Con 74 votos a favor, los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves la reforma a la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, que otorga a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) las facultades administrativas y reguladora de los servicios de agua potable y residuales en el país que antes tenía el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA).
Esta reforma levantó alarmas en el sector privado del país como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que aseguró que el régimen de Daniel Ortega pretendía “controlar” este recurso natural con fines recaudatorios e “intereses partidarios”.
Michael Healy, presidente del COSEP señaló ayer que “son leyes para sacarle más dinero a los nicaragüenses y no agiliza la tramitología para esta situación”.
“A nosotros nos preocupa porque se vuelve unilateralmente al gobierno a tomar decisiones que las vemos nosotros que serán más burocráticas y va a incrementar los costos va a poner cánones y van a pagar más los productores”, añadió.
Estas declaraciones de Healy, fueron motivo de discusión entre los legisladores orteguistas, quienes afirmaron que las modificaciones a la Ley 620 no están encaminadas a la privatización y que ésta garantiza el agua como un “derecho humano”.
“El servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna; directa o indirectamente y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará siempre bajo la responsabilidad y tutela del Estado”, dijo el orteguista Edwin Castro.
“El agua potable y el acceso al agua es un derecho humano, para todos aquellos que andan rasgándose las vestiduras sobre el tema de derechos humanos (…) Pareciera ser que hay una actitud deliberada de estar mintiéndole a la gente, desvirtuando las iniciativas para promover un malestar popular, para desgracia de esos puchos no lo logran”, señaló por su parte, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez.