*Por Oscar René Vargas
“El corrupto tiene cara de que yo no fui”. Papa Francisco
El Instituto de Gobernanza de Basilea acaba publica el Índice Antilavado (AML) de 2022 en el que se evaluaron 128 jurisdicciones teniendo en cuenta que 1 significa menor riesgo y 10 equivale al riesgo máximo. El Índice Antilavado (AML) de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) en todo el mundo y es publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea desde 2012.
Según el Instituto de Gobernanza de Basilea, el sistema financiero de Nicaragua sigue demasiado expuesto al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y los delitos relacionados. En el informe de este año Nicaragua tiene un puntaje de 6.78 de los peores del mundo. Esto no quiere decir que el sistema antilavado no exista, la realidad es que el sistema antilavado si existe (Unidad de Análisis Financiero – UAF), pero no funciona adecuadamente, a pesar de que el régimen ha aprobado una serie de leyes para prevenir el lavado de activos.
El problema es que existe una corrupción institucionalizada que se funda en la convicción de la impunidad garantizada. La impunidad es la hermana siamesa de la corrupción. La mayoría de las personas que hoy ocupan los principales cargos de gobierno, el segundo anillo del poder oculto, están imbuidas de un espíritu de pandilla, un pacto de sangre, en el que todos defienden a todos. Dentro de esa lógica nunca se emprenderá acciones legales contra quienes se le atribuyen actos no transparentes con el dinero público y delitos relacionados.
Retener el poder es un imperativo insoslayable para la “nomenclatura de la nueva clase”, porque el poder, para ellos, es como el oxígeno que les permite mantener sus privilegios e incrementar su acumulación de capital. Existe un inmenso, increíble, insolente y persistente peculado de funcionarios del Estado, en todos sus niveles, es acompañado de una prevaricación. Desde la cúpula hasta los cimientos de muchas instituciones del Estado.
La descomposición de las instituciones del Estado y de las élites económicas y políticas ha llegado a un punto en que al régimen ya le es imposible no provocar rechazos sociales por la corrupción desenfrenada a todos los niveles. El régimen está en dificultades, es decir, sin poder evitar la pérdida de credibilidad como para parar los niveles de corrupción en el aparato estatal.
La corrupción es uno de los principales vehículos para el lavado de dinero, junto con otras actividades ilegales como el tráfico de drogas, lavado de dinero o el uso de dinero efectivo en operaciones al margen del sistema financiero. Según los expertos en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la corrupción una de las actividades más vulnerables para el lavado de dinero.
La corrupción es una de las actividades más proclives al lavado de dinero, junto con una conducta ya conocida como la delincuencia organizada y el uso de dinero efectivo en la economía, donde prevalecen altos niveles de informalidad. Aunque no existe una medición oficial sobre la magnitud de la corrupción, cálculos de especialistas estiman que la corrupción equivale entre el 3% al 5% anual del producto interno bruto (PIB), equivalente a un rango de unos US$ 450 a US$ 700 millones de dólares anuales.
Es decir, la delincuencia organizada y la corrupción en una economía que no tiene elementos importantes y transparentes de formalidad es un caldo de cultivo para que se desarrolle el lavado de dinero. El régimen Ortega-Murillo ha favorecido la “acumulación originaria de capital” de “los de arriba”, a través de la corrupción y la impunidad, perjudicando la vida jodida de la inmensa mayoría de las personas, profundizando la desigualdad, permitiendo el enriquecimiento inexplicable y extendiendo la impunidad de los miembros de los anillos de poder.